Una vieja leyenda política señalaba que Cristina Kirchner era más negociadora y consensual que su marido. Esa invención se respaldaba en la historia personal de la Presidenta, que hizo gran parte de su carrera en la política nacional entre diputados y senadores acostumbrados a negociar. Ahora se sabe que fue sólo una creación del kirchnerismo en los tiempos en que intentaba instalar la entonces apagada imagen de Cristina. Nunca como en los días recientes la política de los Kirchner estuvo más tomada por la intolerancia, la presión y la amenaza explícita o implícita a sus adversarios de cualquier estirpe. Una cultura del apriete parece haberse instalado peligrosamente en la Argentina. ¿Qué les pedirá mañana la Presidenta a los gobernadores kirchneristas, en Olivos, si no una renuncia a lo que son y a lo que representan? Les reclamará que la ayuden a voltear un nuevo sistema de coparticipación del impuesto al cheque, que está a punto de ser aprobado por el Senado con la deserción de varios oficialistas. ¿Por qué el Gobierno dejó que la misteriosa agrupación Quebracho mostrara el miércoles su poder de destrucción y su adiestramiento para esas tareas? ¿Qué costo político temió pagar la administración si evitaba esas imágenes de depredación y violencia?

Apriete político o apriete violento. Esos son sólo ejemplos extremos de un sistema de poder que busca permanentemente la polarización de la sociedad; es también el camino para sembrar el temor entre todos los que podrían decir que no. El Gobierno está en condiciones, incluso, de librarse en los resultados contables de las nuevas obligaciones de la coparticipación del impuesto al cheque. Podría cumplir con esas obligaciones y reducir los actuales aportes del Tesoro a las provincias.

Sin embargo, hay una diferencia insoportable para el kirchnerismo: los actuales aportes están a disposición de la arbitrariedad de los que gobiernan, mientras los nuevos serán rígidamente fijados por una ley. En una lógica retorcida, el inminente apriete a los gobernadores persigue el objetivo de que éstos continúen aceptando los aprietes.

Nadie sabe quién financia a Quebracho; menos se conoce en qué cosas cree o si tiene un proyecto de poder. Las imágenes del miércoles fueron patéticas, a pesar de tantas lagunas de desconocimiento, por el grado de entrenamiento y disciplina que sus militantes mostraron ante las cámaras de televisión. Sólo se saben dos cosas de Quebracho: sus apariciones no son frecuentes, pero son extremadamente violentas cuando ocurren. Actúa con la eficacia y la sincronización propias de adiestradas fuerzas militarizadas.

Existe una tercera constatación: el miércoles, las fuerzas de seguridad no hicieron nada ante ese encarnizamiento desatado en el centro de la ciudad. ¿Cuenta Quebracho con protección especial? ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿Acaso para sembrar temor entre líderes que ya no se inclinan ante los Kirchner?

Un día después, un juez de Mendoza, el camarista Otilio Roque Romano, denunció públicamente que recibió mensajes cuasi mafiosos (para usar un término en boga) cuando debía decidir una apelación por un fallo de inconstitucionalidad de la ley de medios. Romano explicó que su casa fue asaltada en un operativo comando y que le robaron el archivo de su computadora. También dijo que recibió presiones de "organizaciones de derechos humanos", pero no dio más precisiones.

El problema es que Romano no es el único presionado. Otros magistrados, que llevan causas de corrupción contra funcionarios del Gobierno o que deben decidir sobre problemas importantes para la administración, también reciben llamadas con advertencias o promesas. Uno de los jueces de la Corte aceptó hace unos días que esas presiones son habituales entre los jueces de instancias inferiores o intermedias.

El Gobierno no defendió a Faggionatto Márquez, hasta el instante agónico, porque creyera en su inocencia; nadie, en su sano juicio, puede concebir inocente a ese ex juez. La defensa oficial se basó en la premisa política de que el kirchnerismo debía enviar un mensaje de que todavía está en condiciones de proteger a los jueces que le hacen favores. No pudo. Los propios legisladores kirchneristas que integraron el jury se manifestaron incapaces de cerrar los ojos ante la evidencia. ¿Cómo explicaría en su provincia, preguntó uno de ellos, un voto a favor de Faggionatto Márquez? Imposible.

Otro juez, el polémico Norberto Oyarbide, entendió la nueva situación en el acto. Un día después, ordenó el allanamiento de casas y oficinas de Ricardo Jaime, el ex funcionario con más causas judiciales abiertas por presuntos actos de corrupción. Oyarbide había puesto a dormir esos expedientes durante más tiempo del que puede explicar.

Otro que recibió las esquirlas del caso Faggionatto Márquez fue el presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, que hizo, como senador, las veces de fiscal del ex juez. El oficialismo ventiló primero la grabación de una conversación telefónica de un colaborador suyo para endilgarle a Sanz un objetivo político. La grabación fue hecha por los servicios de inteligencia que controla el Gobierno. La redada mediática del kirchnerismo difundió en los últimos días otra versión, que ponía en duda el honor de Sanz. El senador está seguro, al final de una pesquisa que realizó, de que detrás de esa difamación estuvo la mano del ministro del Interior, Florencio Randazzo.

La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú fue agraviada y calumniada por Hebe de Bonafini en uno de los arrebatos verbales más injustos que ésta haya tenido. Magdalena, una periodista crítica de cualquier poder (también del actual), le inició a Bonafini una querella por calumnias e injurias. Pero ¿por qué las personas honestas están condenadas en la era kirchnerista a dar explicaciones sobre una vida que no vivieron? ¿Por qué el locuaz gobierno kirchnerista calla cuando la insidia afecta a los que no están con él? ¿Qué mensajes conllevan esos silencios?

La propia Cristina Kirchner dejó de lado su condición de abogada y de Presidenta cuando el mismo miércoles prejuzgó al tratar en su discurso en la antigua ESMA el caso de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Esa causa está en la Justicia y hay una disidencia entre las partes sobre cómo deben seguir las indagaciones en los tribunales. Punto. No hay ninguna constatación.

Sin embargo, la Presidenta dio por hecho que esos jóvenes son hijos de desaparecidos y que su madre es una apropiadora. ¿La madre es culpable sólo por ser la directora de un medio periodístico al que los Kirchner le declararon la guerra? ¿Se necesita tan poco para resolver un difícil conflicto humano? En el fragor del combate perpetuo, los Kirchner se han olvidado de cualquier compromiso con la condición humana.

Cierto populismo suele olvidarse de lo humano, y también de la legalidad. Los tribunales internacionales de derechos humanos existen para proteger a los ciudadanos de posibles abusos del Estado. Cristina Kirchner es la expresión más importante del Estado argentino en estos momentos. ¿Para qué prometió entonces que recurriría ante esos tribunales por el caso de los jóvenes Herrera Noble? Ella es la que debe garantizar en su país una justicia sensata e imparcial para todos los protagonistas de ese dramático conflicto.

La guerra en estado crónico cubre con un velo confuso y difuso hasta las buenas decisiones políticas de los Kirchner. Pagar la deuda es una buena decisión después de tantas transgresiones argentinas. ¿Por qué pagarla transgrediendo todas las formas legales? ¿Por qué no recurrieron al Congreso si necesitaban de las reservas? ¿Por qué prefirieron un decreto con las formas de un ultimátum? Hasta la inquebrantable Elisa Carrió admitió que un proyecto de ley presentado en el Congreso le habría resuelto el problema de las reservas al Gobierno.

Algo parecido pasa con la decisión de dejar atrás el default con los holdouts , los bonistas que no entraron al canje de la deuda en 2005. La decisión política es correcta, pero el Gobierno hace presentaciones de su propuesta en el exterior mientras aquí nadie sabe nada. ¿Está haciendo la propuesta conveniente o podría haber alguna mejor? ¿Por qué no se consultó al menos con los líderes parlamentarios, oficialistas y opositores? En la cuenta final, los dos Kirchner son iguales: el poder es, para ellos, un latifundio personal que debe acatarse. Por las buenas o por las malas.