Los argentinos asistimos virtualmente paralizados por el desparpajo y
la impunidad con que actúa un nutrido grupo de violentos que
pretende apropiarse por la fuerza del parque Indoamericano.
Durante días, llamó la atención la ausencia del Estado
nacional, en general, y de la Presidenta, en particular, en
el asunto, lo que despierta enormes suspicacias.
El gobierno de Mauricio Macri y su anémica Policía
Metropolitana poco pueden hacer ante el ataque perfectamente
organizado llevado adelante por células que actúan mucho más
cercanas a una mafia que a un grupo de vecinos que piden un
techo.
Un caballero que se identificó como boliviano, presente
en el lugar usurpado, se declaraba ante las cámaras de
televisión proclive a "compartir la tierra, no como otros
egoístas que la quieren toda para ellos" (sic).
Resulta bochornoso escuchar semejantes manifestaciones,
toda vez que es sencillo compartir lo que es ajeno.
A la catarata de delitos cometidos por los violentos se
sumó la inmoralidad plasmada en el silenzio stampa del
Estado nacional que, como titular de las fuerzas federales
de seguridad (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura),
debe: 1) garantizar el orden público; 2) garantizar el
combate al crimen y las mafias; 3) garantizar la lucha
contra la violencia, y 4) garantizar la protección del
espacio público.
No se aprecia cuidado ni protección estatal cuando un
grupo de forajidos perfectamente organizados toman por
asalto un parque con una violencia sólo vista en los años
70. Quedarnos de brazos cruzados es el peor escenario que
podemos ofrecer a los violentos que pretenden robarnos el
Indoamericano. Hoy es Villa Soldati, mañana puede ser
nuestra propia casa.
El autor es titular de la organización
vecinal Defendamos Buenos Aires.
Macri, xenofobia después de Menem
Por Alejandro
Grimson *
Las declaraciones de Mauricio Marci y de
su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, acerca de la
situación del Parque Indoamericano y la culpabilización a
los inmigrantes de países limítrofes nos retrotrae a debates
de los años noventa o a las políticas de la dictadura
militar que parecían superadas. Desde Menem y antes Videla,
ningún funcionario de tan alto rango hizo una declaración
tan cargada de xenofobia. La dictadura impuso una nueva ley
de migraciones, que acompañó con políticas xenófobas que
perseguían a la población de Bolivia, Paraguay y otros
países latinoamericanos. Desde 1983, con el nuevo período
democrático, no hubo declaraciones ni acciones políticas
gubernamentales que atacaran a los inmigrantes, excepto
durante el gobierno de Carlos Menem. El propio Menem, el
gobernador Duhalde, el canciller Di Tella, el jefe de
Migraciones, el jefe de policía, en diferentes
circunstancias, realizaron declaraciones xenófobas que los
investigadores argentinos coleccionamos y analizamos durante
quince años.
Esas declaraciones afirmaban que los problemas sociales y
de inseguridad eran producto de una “nueva ola migratoria”
desde Bolivia, Perú y Paraguay. Analizando los censos desde
1869 hasta el de octubre de 2001 inclusive, demostramos que
esa “nueva” inmigración nunca existió. El porcentaje de
migrantes limítrofes en el país se mantuvo todo este período
en alrededor del tres por ciento. Lo que hubo fue una
utilización de los migrantes como chivo expiatorio de las
consecuencias dramáticas de las políticas neoliberales.
Puesto que, según rezaba la dirigencia neoliberal,
ingresábamos al primer mundo, la Argentina tenía que tener
sus turcos como Alemania, sus mexicanos como Estados Unidos.
Demostramos, además, que los argentinos tienden a ver
muchos más bolivianos de los que hay en la realidad.
Primero, porque cuando estaban en zonas fronterizas, los
porteños y los medios porteños no los veían “en la
Argentina”. Pero además porque consideran como extranjeros a
los hijos argentinos de los bolivianos, también a los
jujeños y, finalmente, a todos los que tengan alguna
ascendencia indígena. Esto se debe a que la exclusión
social, la desciudadanización neoliberal tendieron a
extranjerizar a los pobres en general. Produciendo una gran
paradoja: los descendientes de los pueblos que vivían en
América antes de la llegada de los colonizadores son
considerados por los más poderosos descendientes de los
europeos como inmigrantes.
Frente a la crisis en que iba ingresando el país en 2000
y 2001, el discurso xenófobo iba perdiendo credibilidad.
¿Quién podía creerse que en vez de la convertibilidad y el
remate del país los problemas venían de los bolivianos? Ni
De la Rúa ni Duhalde en su presidencia realizaron
declaraciones xenófobas.
En 2003-2004 el Congreso Nacional votó una nueva ley de
migraciones que reemplazó a la Ley Videla. Es una ley
democrática, que garantiza todos los derechos fundamentales
a todos los habitantes del país y no sólo a todos los
argentinos. Miles y miles de niños con problemas de
documentación ingresaron al sistema de educación pública por
esa razón, del mismo modo en que todos deben ser atendidos
en los hospitales públicos sin importar su nacionalidad.
Desde universidades de Estados Unidos vienen a estudiar hoy
cómo pudo la Argentina tener una ley tan avanzada y
democrática, que sería inviable políticamente en Estados
Unidos.
Desde 2003 ningún presidente, pero tampoco ningún
funcionario de alto rango, ni del oficialismo ni de la
oposición, realizó una declaración como la de Macri,
diciendo que hay “descontrol del avance de la inmigración
ilegal”. Además, Macri afirmó que hay una “política
descontrolada”, seguramente en alusión al plan de
legalización más abarcativo que se recuerde, llamado “Patria
Grande”. Por su parte, Rodríguez Larreta dijo que en la
Argentina hay “una ley muy permisiva respecto de la
migración: viene la gente y al poco tiempo de estar en la
Argentina pide una vivienda, usurpa, después viene el juez
que obliga al Estado a dar una vivienda”. Agregó que “es una
lógica perversa”, “que lo único que hace es promover que
venga más gente de los países limítrofes para usurpar
terrenos y pedir viviendas. Tenemos que cortar eso”, agregó.
Lo que tenemos que cortar, de raíz, es la xenofobia de
Macri y de Rodríguez Larreta. No hubo nada parecido en casi
tres décadas democráticas, salvo Menem. Pretenden colocar a
los inmigrantes causando un problema que sólo han provocado
sus propias políticas o, mejor dicho, la inexistencia de las
políticas de vivienda en la Ciudad. Y no sólo de vivienda.
De paso, actúan igual que la derecha conservadora en todos
los países del primer mundo. Están a tono.
Cuidado: van contra los que vienen desde países
latinoamericanos como si no hubiera habido italianos y
españoles, más de un Rodríguez, en las huelgas de inquilinos
de principios del siglo XX en Buenos Aires. Pero también van
contra nuestras leyes y contra nuestra Constitución.
Mientras hablan de “hacer cumplir la ley” dicen que nuestra
ley es errónea, demasiado democrática. La refundación de la
xenofobia sólo puede hacerse sobre la falsificación de los
datos sobre inmigración.
* Antropólogo. Conicet/Idaes-Unsam
El error de las
políticas extremas ante la ocupación de tierras
Ni mano dura ni garantismo
Luis Gregorich
Para LA NACION
Miércoles 15 de diciembre de 2010 |
Hace unos días, justo en el momento en que se producían cruentos
disturbios por la ocupación de tierras en Villa Soldati, la
presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, pronunciaba en
la Casa de Gobierno un discurso en el que anunció la
creación del Ministerio de Seguridad (y la designación de
Nilda Garré como su titular), además de referirse a la
decisión como línea política, reiterada a lo largo de estos
últimos años, de "no reprimir" la protesta social y, en
realidad, de no reprimir nada, desde los cortes de calles
hasta los bloqueos de puentes internacionales. Como ejemplo
de lo que le pedían sus opositores y los enemigos de estas
medidas libertarias, la Presidenta mencionó, incluso, "la
pena de muerte".
El ejercicio de este último abuso retórico, que
desgraciadamente usan la mayoría de nuestros dirigentes,
sólo merece un breve comentario. No ha habido un solo
militante destacado de la oposición ni algún columnista
trasnochado que haya incurrido en la barbaridad, contraria a
todas las leyes y los pactos internacionales, de solicitar
la pena de muerte. Atribuir a los demás los peores (e
incomprobables) pecados no mejora la calidad de nuestra
confrontación con ellos; sólo introduce la confusión y la
inexactitud en el debate.
En cambio, inclinarse ante la opinión pública y admitir,
con todas las letras, que la seguridad (o la inseguridad,
que hablamos de lo mismo) es hoy quizá la preocupación
fundamental de la población es un gesto acertado y que
merece aplaudirse.
Los hechos de Villa Soldati, es cierto, obedecen a
múltiples causas y motivan situaciones de ardua solución,
tal como se ha repetido hasta el cansancio. Está la
deplorable relación entre el gobierno nacional y el gobierno
de la ciudad. Está la negada convivencia entre la Policía
Federal y la todavía naciente Policía Metropolitana. Está la
presencia interesada del punterismo político y la creciente
influencia de grupos de narcotraficantes. Está, por
supuesto, la dificultad estructural de una metrópoli para
sostener plausiblemente las migraciones internas y externas.
Está la subejecución del presupuesto para vivienda del
gobierno de la ciudad, que tampoco ha encontrado el lenguaje
adecuado para explicar su posición. Está todo eso, pero en
medio se yergue el problema de la seguridad como eje
central.
Para facilitar la discusión (más bien para diluirla), se
acostumbra clasificar las políticas de seguridad en dos
casilleros: el de "la mano dura" y el del "garantismo",
adosándole siempre al adversario los peores hábitos y
exageraciones de cada uno.
A los de la mano dura, sencilla y directa, que son más de
los que uno quisiera en todas las clases sociales, se los
califica de "represores", "racistas" y, de modo más refinado
y pintoresco (aunque no desacertado), "lombrosianos", por
referencia al médico y criminólogo italiano Cesare Lombroso
(1835-1909), cuya repercusión científica se ha apagado por
completo, pero que todavía ejerce una involuntaria
influencia en los muchos que son lombrosianos sin saberlo ni
reconocerlo.
Para Lombroso, mal discípulo del evolucionismo
darwiniano, la tendencia a delinquir era innata en el hombre
(obedecía a factores genéticos); a los delincuentes,
habitualmente pertenecientes a las clases bajas, había que
encerrarlos de por vida o eliminarlos físicamente, para que
no siguieran haciendo el daño que no podían evitar; así
llegó a definir como "locos" y "enajenados" a un grupo de
anarquistas que investigó en la cárcel. Mediante complicadas
mediciones del cráneo de los reos o, por ejemplo, de las
desviaciones de sus mandíbulas, llegó a conclusiones
"fisonómicas" acerca de la predisposición para cometer
delitos. Así, la portación de cara ya determinaba al
delincuente. Cotéjese esta taxonomía cuasi zoológica con los
prejuicios existentes, al borde de la xenofobia, respecto de
algunas comunidades extranjeras residentes en nuestro país.
En el otro extremo está el garantismo, del que me declaro
partidario, y que está vinculado con la creciente difusión
de la gran causa de los derechos humanos, a partir de fines
de la Segunda Guerra Mundial. Ya se sabe: ha venido a
combatir las aberraciones de los Estados totalitarios, que
disponían de la vida, los bienes y las conciencias de sus
habitantes.
Pero debe convenirse que el garantismo también tiene
vicios e irregularidades que terminan consiguiendo, a
menudo, lo contrario de lo que se proponen. Si está atado a
un sistema judicial y penal arcaico, facilita los
movimientos de los delincuentes, cuando no su libertad
permanente. Con razón refuta el positivismo y el
determinismo fisonómico y social de los lombrosianos, pero
incurre en un traspié parecido al justificar cualquier
conducta por una previa motivación social. Suele debilitar
la función policial, con lo que introduce en esta
institución los mismos rasgos corruptos que debería
combatir. Ante el espanto causado por el vocablo
"represión", con el que nos han atemorizado y perseguido
nuestros regímenes dictatoriales, olvida que los Estados
democráticos disponen del monopolio legítimo de la
violencia, cuando ésta se usa en defensa de los ciudadanos.
El garantismo, que debiera ser nuestro escudo frente a la
violación de la ley, a veces se queda impávido, y gracias a
su inacción la ley es violada. El garantismo perezoso a
veces genera la impunidad.
Un típico ejemplo de este malentendido lo expresó días
pasados el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al decir que
sería castigado cualquier policía que "lastimara" a un
manifestante o a otro ciudadano. No es que el principal
cometido de la policía sea lastimar a nadie, pero ¿qué
pasaría si un policía se viese frente a un criminal que
amenaza con matar a uno o a varios rehenes, y con el que ya
quedaron agotadas las negociaciones? ¿Cómo debería proceder
un policía frente a un hombre que lo ataca con un cuchillo?
Aun dejando de lado los casos de defensa propia, ¿no tiene
acaso el policía experto la suficiente responsabilidad para
saber cuándo debe usar (o no) su arma? Privándolo de usarla,
¿no se lo deja indefenso?
No sabemos cuál será la solución final de la ocupación
del parque Indoamericano de Villa Soldati (ni de las que se
precipitaron luego). Debería ser la que se atiene a la ley,
por más que sea una ley dolorosa para algunos de los
contendientes. Pero lo que interesa ahora es la correcta
decisión presidencial de ocuparse en profundidad de las
políticas de seguridad.
Un tratamiento de la seguridad diferente al que se ha
implementado hasta ahora es posible. Suponer que sólo hay
dos posibilidades extremas es agredir nuestra inteligencia,
como en muchos otros temas. El gobierno kirchnerista, a lo
largo de sus siete años largos de vida, ha procurado
envolvernos en esta dialéctica de amigo-enemigo, de
derecha-izquierda, que ha debilitado las instituciones y ha
fragmentado el cuerpo social en mayor medida de como lo
había encontrado.
Por lo menos en materia de seguridad, tiene ahora una
buena oportunidad de no aceptar una falsa disyuntiva entre
la mano dura del racismo y la sospecha, por un lado, y la
impunidad de los victimarios frente a las víctimas, por el
otro. Una política de seguridad firme, honesta y desprovista
de prejuicios políticos e ideológicos. Se lo deseamos
sinceramente a la nueva ministra. © La Nacion
Duhalde contra Aníbal: "No es culpando a los demás que se
resuelve la injusticia social"
El ex presidente aseguró que "sin orden ni paz social es
imposible abordar seriamente los problemas sociales pendientes";
el jefe de Gabinete lo criticó con dureza
Lunes 13 de diciembre de 2010 |
Eduardo Duhalde aseguró hoy que "sin orden ni paz social es imposible
crear las condiciones necesarias para abordar seriamente y
en profundidad la resolución de los problemas económicos,
políticos y sociales pendientes".
Así respondió a las críticas del jefe de Gabinete,
Aníbal Fernández, que había cuestionado sus palabras.
"No es culpando a los demás que se resuelve la injusticia
social ni se exime de su responsabilidad a los que tienen la
obligación indelegable de gestionar los recursos y acciones
que garanticen una convivencia civilizada", dijo el
candidato a presidente por el Peronismo Federal en una carta
abierta.
Hoy, más temprano, en una conferencia de prensa,
Fernández aseguró que "no va a reprimir ni poner estas
situaciones en el lugar que no corresponde", luego de las
recientes declaraciones de Duhalde respecto a que el
gobierno "tiene que poner orden".
"Hay declaraciones desafortunadas al respecto como la de
Duhalde, que desde Estados Unidos dijo que el gobierno debe
poner orden, y eso no tiene nada que ver con el Estado
democrático", remarcó el funcionario.
Duhalde replicó: "Recientes declaraciones suyas hacen
referencia a manifestaciones que yo hiciera sobre la
necesidad de establecer el "orden" como premisa básica para
una convivencia pacífica y armónica entre los argentinos.
Pretender distorsionar el sentido de mis palabras indica una
clara incomprensión, o peor aún, una enorme confusión
respecto del sentido que la necesidad del orden tiene en
toda sociedad democrática".
Y añadió: "El orden no es de derecha ni de izquierda. El
orden no tiene ideología, y se lo explico: la ideología está
en el sistema. Por eso, Doctor Fernández, cuando en 1973
Perón volvió a la Argentina, nos enseñó que venía a poner
orden dentro del sistema Representativo, Republicano y
Federal.
"Consiste -siguió Duhalde- en evitar que, por ausencia
del Estado y sus instituciones, la sociedad intente resolver
las situaciones de conflicto por mano propia. Por lo tanto,
corresponde al Estado neutralizar, con el uso responsable de
la fuerza pública, la acción de grupos o sectores, que
montándose sobre necesidades reales de los más humildes
intentan lucrar con la anarquía y el desorden."
Según expresó en la carta, "la lección la han aprendido
países vecinos, como Chile, Brasil o Uruguay, cuyos
gobiernos no son precisamente de derecha ni tienen
connotaciones autoritarias". Y agregó: "Simplemente han
decidido vivir dentro del Estado de Derecho, evitando que la
lucha de pobres contra pobres termine provocando una secuela
lamentable de víctimas inocentes".
Por último, aseguró: "En otras palabras, doctor
Fernández, la sociedad nos está exigiendo a todos que seamos
esclavos de la ley".
Tensión en Villa Soldati / La violencia que
parte del fútbol
Los barras y su estrecha relación con la
política
Alejandro Casar González
LA NACION
Domingo 12 de diciembre de 2010 |
Publicado en edición impresa
Julio Carlos Capella es el "Madonna" Quiroz del parque Indoamericano.
Uno y otro se hicieron famosos empuñando
sus armas de fuego a la vista de todos.
Ambos comparten un mismo origen: una
cancha de fútbol. Capella integra la
segunda línea de la barra brava de
Huracán, una de cuyas zonas de
influencia es Villa Soldati; cuando
irrumpió a los tiros en San Vicente,
durante el traslado de los restos de
Juan Domingo Perón, en octubre de 2006,
Quiroz formaba parte de la hinchada de
Independiente y revistaba como chofer de
Pablo Moyano, hijo de Hugo.
Entre los incidentes que encumbraron
a Quiroz y el conflicto de Villa Soldati,
pasaron cuatro años. En ese tiempo, la
política aceitó sus lazos con los
núcleos violentos de las hinchadas y
llevó la relación a extremos impensados
cuando el gobierno kirchnerista fomentó
la creación de la organización Hinchadas
Argentinas Unidas para que los barras
argentinos pudieran ver el Mundial en
primera persona. Capella fue uno de esos
privilegiados.
El peor año
"Es indiscutible que durante 2010
todo se desmadró", reflexiona Juan
Manuel Lugones, abogado de la ONG Favifa,
que agrupa a los familiares de las
víctimas de la violencia en el fútbol
argentino. "Los barras crecen con un
cobijo político-sindical. Se venden al
mejor postor", concluye Lugones.
Una rápida cronología de los
conflictos sociales de 2010 ubica a los
barrabravas como protagonistas
excluyentes. Como mano de obra
contratada, estuvieron en la primera
línea de fuego y fueron acusados en el
asesinato de Mariano Ferreyra, militante
del Partido Obrero que murió luego de un
enfrentamiento sindical en octubre. En
junio, Ariel Pugliese ("Gusano") y
Javier Miranda, ambos barrabravas de
Nueva Chicago y empleados del Indec,
irrumpieron en la Feria del Libro y
provocaron un escándalo durante la
presentación del libro Indek,
historia íntima de una estafa , del
periodista Gustavo Noriega.
Al igual que Pugliese y Miranda,
Capella trabaja para el Estado. En su
edición de ayer, La Nacion informó que
se desempeña en el área administrativa
del sanatorio Julio Méndez como empleado
de la Obra Social de la Ciudad de Buenos
Aires (Obsba) y que su legajo es el
707879, con fecha de ingreso en abril de
2006, durante la gestión de Jorge
Telerman como jefe de gobierno porteño.
Ayer, en la obra social, evaluaban
iniciarle un sumario a Capella por su
presencia en los incidentes de Villa
Soldati.
Pese a los muertos y a la tensión
social, el conflicto en Villa Soldati
salvó a Mauricio Macri de una
indagatoria. El jefe de gobierno y su ex
ministro de Espacio Público Juan Pablo
Piccardo debían declarar en el marco de
una causa judicial en la que se
investiga el rol de la Unidad de Control
del Espacio Público (UCEP), cuerpo
creado para intervenir en los desalojos.
A raíz de los maltratos denunciados
durante los operativos, la UCEP fue
disuelta, pero integrantes del
movimiento social Aukache dijeron que
entre los 26 integrantes de la fuerza
había un barra de San Lorenzo. La voz
cantante de los operativos era Luis
Savoiardo ("Tano"), habitual "inquilino"
del paravalanchas del Nuevo Gasómetro,
la cancha de San Lorenzo.
En el conflicto del parque
Indoamericano hubo hinchas de varias
camisetas. "Había barras de cuatro o
cinco equipos, aunque no los tenemos
individualizados", indica Mónica
Nizzardo, presidenta de la ONG Salvemos
al Fútbol. Y reconoce: "Todo esto se
podría haber evitado si la Justicia
investigara algunas de las denuncias que
hay contra los barras y los políticos.
Parece que nadie los ve". Lo curioso es
que los Capella, Quiroz y Pugliese salen
en cadena nacional. Sus rostros, sus
prontuarios y sus actos quedan
expuestos. Fuera de micrófono, un
poderoso ministro dijo alguna vez: "Si
comprás un barra, te comprás un
problema". El Estado, al parecer,
también tiene su cara masoquista.
Una disuasión que debió llegar antes
Daniel Gallo
LA NACION
Domingo 12 de diciembre de 2010 |
Publicado en edición impresa
La imagen fue contundente. Dejó vacíos
los discursos políticos. La masiva
presencia de gendarmes en el parque
Indoamericano demostró ayer el poder de
disuasión que tiene el Estado cuando
decide mostrar sus músculos. La
Gendarmería copó, a fuerza de cantidad,
al predio que fue lugar de niveles de
anarquía pocas veces vistos. Quedó así
más en evidencia que el abandono del
Estado provocó antes las muertes y los
heridos.
Gendarmería y el cuerpo
antitumultos de la Prefectura se
hicieron cargo de una zona que estaba
sin ley, a merced de bandas, de esos
tiradores nunca encontrados que siempre
aparecen en disturbios sociales. El juez
Roberto Gallardo había ordenado al
Gobierno, en la noche del jueves, hacer
un cerco de seguridad. El jefe de
Gabinete, Aníbal Fernández, dijo en ese
momento que la orden era "de
cumplimiento imposible". Un día después,
con incidentes más graves, la Casa
Rosada determinó el operativo cerrojo.
Pudo cumplirlo sin problemas. ¿Qué
cambió?
En la reunión de Fernández y el
ministro del Interior, Florencio
Randazzo, con organizaciones sociales,
escucharon el reclamo de los propios
ocupantes del parque. Pidieron
directamente a la Gendarmería para
protegerlos. Mauricio Macri hizo ese
reclamo una y otra vez mientras la
violencia crecía en Villa Soldati. El no
tuvo respuesta, pero Juan Carlos
Alderete, de la Corriente Clasista y
Combativa, sí fue escuchado cuando
exigió como primer punto en la
negociación la garantía de seguridad
física para los ocupantes del parque.
La demora en sostener la presencia
del Estado en la zona puede tener más
respuestas en atender los celos
profesionales de las fuerzas que en
cuestiones de política táctica. La
Policía Federal quedó bajó la mirada
dura de la presidenta Cristina Kirchner
después de las dos primeras muertes.
Pero sin contar con la fuerza que camina
la Capital, las opciones de control del
Gobierno quedaron disminuidas. Gendarmes
y prefectos tenían vedado el ingreso en
la ciudad por el reparto de objetivos de
seguridad que mantiene la relación,
siempre inestable, entre las tres
fuerzas federales. Los destacamentos
móviles de la Gendarmería tuvieron
prohibido el ingreso en la Capital hasta
en los nefastos días de diciembre de
2001.
No deja de ser una paradoja que el
primer despliegue de la Gendarmería en
un barrio porteño sea justo enfrente de
la escuela de la Policía Federal.
El problema para el Gobierno será
explicar el por qué de la demora en
mandar a la Gendarmería. Más porque
varios destacamentos estaban aprestados
a minutos de Villa Soldati, listos para
ser usados en breve en cordones de
seguridad sobre villas del conurbano.