Villa Soldati nos ha enviado un mensaje

Mariano Grondona

 

Domingo 12 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa  LA NACION
 

El premio Nobel Konrad Lorenz, que estudió la conducta comparada de los animales y de los seres humanos, cuenta que una vez encontró a un amigo pegándole a su perro. Cuando lo inquirió acerca de este extraño comportamiento, su amigo le dijo: "Es que estoy por darle un gran placer a mi perro, porque ¿te imaginás el alivio que va a sentir cuando deje de pegarle?". Esta anécdota podría aplicarse al clima de distensión política que hoy vivimos nada más que porque Néstor Kirchner ya no está agrediendo cada día a algún enemigo. Cristina Kirchner se ha beneficiado con este nuevo clima, y el solo hecho de que haya dejado de lado las embestidas cotidianas le ha permitido subir a 45 puntos su aprobación en las encuestas, algo inalcanzable para su marido, que la pone al día de hoy en camino hacia la reelección. Pero sólo "al día de hoy" porque aún le falta aprobar las graves asignaturas pendientes que le dejó su antecesor.

En física, impera la ley de la inercia, en virtud de la cual se sabe que, si no interviene factor externo, un cuerpo mantendrá indefinidamente el movimiento en el que está instalado. Pero las asignaturas pendientes del período de siete años y medio en el que Néstor Kirchner tuvo el poder son tan exigentes que sería un craso error de Cristina confiar solamente en la ley de inercia para completar con éxito el tramo de la presidencia que aún le resta y, más aún, para aspirar a los cuatro años más que tendría de ser reelegida en 2011. La Presidenta deberá aceptar, al contrario, cambios profundos en su gobierno, si es que quiere perdurar con éxito en el poder hasta 2015 porque, si no lo hiciera, su segundo mandato podría tener un final similar al que padecieron Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa antes que ella. La conmoción de Villa Soldati nos ha dado a todos un dramático aviso en dirección de lo que todavía le falta a nuestra joven democracia para madurar ya no sólo en lo político sino, además, en lo social.

Sin Estado

Si entendemos por país el vasto espacio en que habitamos, los argentinos tenemos un país. Pero esto no basta. Alguna vez el escritor Carlos Fuentes nos dijo: "Mientras los mexicanos venimos de los aztecas, ustedes vienen de los barcos". Pero ¿qué veían desde los barcos los europeos que nos precedieron? Veían un ancho y generoso país que les prometía realizar sus sueños. Veían un país-paisaje al que tendrían por misión transformar en dos unidades colectivas eminentes: un Estado y una nación. Si algo viene de mostrarnos la cruenta anarquía de Villa Soldati es no sólo que aún no tenemos un Estado, sino que tampoco somos, plenamente, una nación.

En una definición que ha llegado a ser clásica, el gran sociólogo Max Weber caracterizó al Estado como "la agencia que monopoliza con éxito la coacción legal dentro de su territorio". Los socialistas quieren que haya más Estado y los liberales que haya menos, pero unos y otros reconocen la necesidad de que haya por lo pronto Estado, porque sólo una agencia que monopolice efectivamente la coacción es capaz de asegurar un valor básico para todos, sea cual fuere su sesgo ideológico: la vigencia del orden público. Sin orden público, no habría siquiera libertad. Si el orden se impone arbitrariamente, sin garantías para la libertad, se cae en la tiranía. Pero su extremo opuesto, que es la anarquía, la ley de la selva en las calles, fue considerada por el inglés Thomas Hobbes un mal peor aún que la tiranía porque, si el mando excesivo de uno es inaceptable, tampoco es soportable la confusión acerca de quién manda cuando ya no un solo tirano, sino miles de tiranuelos impunes perturban a los ciudadanos. Por eso, la sociedad, en medio de una situación anárquica, termina por resignarse al advenimiento de un tirano que le promete la restauración del orden público sin advertirle que el remedio podría resultar peor que la enfermedad.

Cuando una sociedad no tiene en claro la noción del orden, oscila bruscamente entre la anarquía y la tiranía, sin hallar el justo medio del orden democrático. En 1976, cuando se extendía entre nosotros la anarquía montonera, fueron muchos los que reclamaron un gobierno fuerte. Detrás de esta bandera, empero, las Fuerzas Armadas instalaron un régimen tiránico. Cuando ellas abandonaron el poder, cundió entre nosotros el repudio de toda disciplina estatal, a la que equivocadamente se la confundió con un término odiado: el de la represión. Toda coacción, aun la legal, fue desde entonces inadmisible para muchos porque no había que "criminalizar la protesta social". El repudio del orden público, que caracterizó a la etapa de Néstor Kirchner, creó, a su vez, un hueco dentro del cual han venido a instalarse, en un alarmante crescendo, hordas como las que se mataron entre sí en Villa Soldati. La confusión de la izquierda kirchnerista entre "orden público" -un orden severo, pero razonable, respetuoso de los derechos humanos de los protestatarios- y "represión salvaje" es la que nos ha traído a la situación actual, una situación que tenderá a agravarse mientras algunas decenas o centenares de personas continúen invadiendo las calles sin que nadie las contenga.

Este proceso de disolución del Estado ha tenido como anexo la demonización de los dos órganos que en cualquier Estado bien equilibrado tienen a su cargo la protección del orden público: las Fuerzas Armadas y la policía. Sin una policía respetuosa, respetada y eficaz, y sin unas Fuerzas Armadas adecuadamente organizadas, no podría haber Estado. Esta es la carencia más profunda de la Argentina actual. Si algún gobernante vecino resolviera un día atacarnos, no tendríamos respuesta porque, en los hechos, carecemos de Fuerzas Armadas. Tampoco disponemos de una fórmula adecuada ante la insolencia creciente de la delincuencia, animada como está por la parálisis policial.

Sin nación

Ortega y Gasset definió a la nación como "un proyecto sugestivo de vida en común". Si tuviéramos un proyecto de vida en común, seríamos una nación. ¿Acaso lo tenemos? Cuando contemplamos cómo se mueven las naciones vecinas de Chile, Uruguay y Brasil, sentimos que a sus ciudadanos la nación les queda cerca porque, más allá de sus diferencias, vuela sobre ellos la lealtad común a un conjunto en el que el todo es superior a las partes. A los argentinos, en cambio, el concepto de "nación" aún nos queda lejos porque, entre cada uno de nosotros y el todo englobante que es la nación, media el odio a algún rival al que urge combatir. Es como si alguien dijera: "Amo a la nación, pero para concretar el amor que siento por ella necesito eliminar previamente al que se interpone entre ambos". Si Perón dijo alguna vez, al fin de su largo aprendizaje, que "para un argentino no hay nada mejor que otro argentino", hoy todavía parece válido sostener que para un argentino no hay nada peor que algún otro argentino.

Esta intolerancia hacia el otro, que desgraciadamente pobló nuestra historia, se acentuó todavía más bajo el turno de Néstor Kirchner. Toca ahora a su viuda reparar la herida. Tener Estado y ser nación: si ésta es la urgente tarea que aún nos falta, Cristina Kirchner deberá comprender que su meta tendría que ser ahora la construcción de un Estado democrático que merezca este nombre y la promoción de una nación animada por un proyecto en común, de oficialistas y opositores por igual, y que más que la ley de la inercia que podría tentarla deberá escalar una nueva cima que, en función de lo que nos ha enseñado nuestra dura experiencia colectiva, quizá parezca más difícil de lo que en realidad es, aunque también debería ser tenida por urgente, si no queremos que se difunda la inquietante chispa de Villa Soldati.

 

Una pésima señal de Cristina

Luis Majul
Para LA NACION

Miércoles 15 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa 
 

Cuando Cristina Fernández anunció que no iba a enviar a las fuerzas de seguridad para desalojar a los ocupantes del parque Indoamericano, en Villa Soldati, miles de personas humildes y necesitadas recibieron una señal inequívoca en todo el país: si tomamos un espacio público, el gobierno nacional nos protegerá y tarde o temprano conseguiremos una casa.

Se calcula que hay, en la Argentina, tres millones de personas con problemas de vivienda. ¿Cómo detener ahora la amenaza de decenas de miles que suponen que para obtener una nueva casa en la ciudad basta con ocupar un espacio público? ¿Cómo diferenciar, en medio de semejante movida, a los inocentes que esperan su regalo de Navidad de los pícaros, los vivos y los mercachifles que agitan las ocupaciones para obtener una tajada?

En los predios tomados hay de las dos clases. Están los oportunistas que denunció con valentía Margarita Barrientos, la indiscutida referente social de Los Piletones. Ella aseguró que muchos de ellos hasta el martes no sólo tenían donde vivir, sino que eran propietarios de hogares pobres, pero dignos. También denunció que a Estelita, una chica que trabajaba con ella, le ofrecieron 700 pesos para que fuera con los hermanos y la madre a la "aventura" del Indoamericano. Por su parte, el subsecretario de Salud del gobierno de la ciudad me explicó con claridad que decenas de personas que ahora permanecen en el parque interrumpieron tratamientos de salud que se venían haciendo en hospitales públicos de los barrios donde hasta entonces vivían. Citó el caso de una adolescente con focos de epilepsia, otra joven celíaca y una tercera mujer embarazada que tomaba antibióticos para atacar una infección. "No quiero hacer política con esto. Sólo digo que sin dudas muchos vienen de hogares menos precarios que el parque que eligieron para vivir durante los próximos días", dijo.

Pero Marcelo Barbarsi, quien se mudó desde la pieza que alquilaba en la villa 21 hasta el predio de Barracas, me explicó, con impecable sentido común: "Tengo una mujer, tres hijos chiquitos y pago 350 pesos por una piecita húmeda y oscura donde vivimos todos juntos. ¿Qué puede ser peor que eso? Esperar en una carpa hasta que nos den la posibilidad de tener nuestra propia casita, a mí me parece mejor".

El miedo a las ocupaciones intempestivas recorre el país y amenaza con extenderse a otras provincias. Desde luego, que ocupen un baldío o una fábrica abandonada en la provincia de Buenos Aires es sólo cuestión de tiempo. El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, abrió el paraguas porque los habitantes de las villas miseria que rodean la ciudad de Rosario se sienten con el mismo derecho de reclamar viviendas que los vecinos de Ciudad Oculta o La Matanza.

Hay, en síntesis, falta de respuesta política del gobierno de la ciudad; ausencia del Estado nacional en el medio de la sangrienta guerra de pobres contra pobres, y una carencia de las fuerzas de seguridad en general y de la Policía Federal en particular.

Pero, además, de la caja de Pandora de los ocupantes que esperan respuesta se abrió otra que muestra la pobreza real, muy distinta a la que presentan las estadísticas oficiales. A pesar de que la Argentina viene creciendo a un ritmo de más del 8% desde 2003, la pobreza estructural no se detuvo, el trabajo en negro apenas disminuyó, la calidad de la educación bajó a niveles de vergüenza y la inseguridad es la mayor preocupación de todos los argentinos.

Es decir: si algún funcionario del gobierno nacional supuso que la bomba de los ocupantes en la ciudad estallaría en la cara de Mauricio Macri, hoy se debe estar agarrando la cabeza, porque el efecto contagio amenaza con extenderse a todo el país. Y si el mismo funcionario pensó que esto afectaría especialmente al jefe de gobierno porteño, debería escuchar a los encuestadores imparciales. Ellos sostienen que hay una buena cantidad de argentinos que responsabilizan al gobierno nacional por el actual estado de las cosas.

Una vez más hay que explicar que no hacer nada cuando un individuo dispara contra otro no es progresista, sino suicida. Sucedió con Mariano Ferreyra en Barracas. La Policía Federal liberó la zona y favoreció así la cacería humana que terminó con el asesinato del militante del Partido Obrero. Lo mismo pasó en Soldati: la única duda es si las balas que mataron a los tres ocupantes fueron disparadas por miembros de la Policía Federal o por particulares; las cámaras de televisión sorprendieron a un integrante de la barra brava de Huracán tirando al bulto.

El propio Luis D'Elía, a quien nadie puede acusar de ser alguien que alienta la represión, considera que fue una locura no enviar a las fuerzas de seguridad a Soldati para evitar los heridos y los muertos entre el martes y el sábado pasado. El control pacífico del espacio público no es de izquierda ni de derecha. Ni Evo Morales, ni Hugo Chávez, ni Raúl Castro hubieran permitido la ocupación de un terreno público ni habrían ordenado retirar a sus fuerzas de seguridad en el medio de una contienda de pobres contra pobres.

Pero lo peor se conoció en las últimas horas. Es la nueva teoría conspirativa oficial en la que se responsabiliza, una vez más, al ex presidente Eduardo Duhalde por toda la situación.

Con esta disparatada lectura de la realidad, la Presidenta abandona de manera definitiva su rol de viuda conmovida por el dolor y regresa con fuerza al estilo paranoico y confrontativo que caracterizó al ex presidente Néstor Kirchner en los últimos años de su vida. Ella acaba de anunciar que están intentando darle un golpe para que no termine su gobierno. Como se ve, él, a pesar de todo, sigue omnipresente e influye en las grandes decisiones de la Jefa de Estado.

 

El trágico final de un paréntesis

Joaquín Morales Solá


LA NACION

Domingo 12 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa 

 

Una especie de paréntesis político y emocional de 45 días parece haber llegado a su fin. Por lo menos tres muertos, decenas de heridos, un festival de balas disparadas por cualquiera y una ordalía de odio entre sectores muy pobres de la sociedad fueron el resultado de 72 horas de una violencia sin medida en Villa Soldati. Cuando ya sólo parecía prevalecer la inhumana ley del más fuerte, los gobiernos de la Nación y de la Capital acordaron lo que debieron haber convenido tres días antes. La Gendarmería y la Prefectura se hicieron cargo, por fin, de la paz social en esas tierras sin orden ni autoridad. El problema no se ha resuelto: los ocupantes no se irán hasta que no consigan viviendas y subsidios, que ambos gobiernos se comprometieron a suministrar. Un equilibrio peligrosamente inestable se registrará en Villa Soldati hasta, por lo menos, fin de año.

Sea como sea, lo cierto es que las tragedias ocultas de la Argentina estallaron en las narices de sus gobernantes. La creciente inseguridad, en primer lugar, que es desde hace mucho tiempo, y por lejos, la primera prioridad de la sociedad argentina. El enorme conflicto social, adormecido hasta ahora con simples planes de asistencia social, que terminó con la hemorragia de sangre y de crímenes en Villa Soldati. La vieja ausencia, ya insoportable, de las fuerzas de seguridad para garantizar la pacificación del espacio público. La insensibilidad de la lucha ideológica y electoral, que sólo se detuvo (¿se detuvo?) cuando ya cuatro personas se habían encontrado con la frontera irreparable de la muerte.

¿Qué hacían civiles armados en Villa Soldati? ¿Cómo y por qué llegaron cientos de personas para ocupar un parque público con los artefactos propios de un asentamiento? ¿Por qué instalaron el pánico entre los pacíficos vecinos de Villa Soldati y de Lugano? Tal vez Cristina Kirchner tiene razón: es difícil creer que eso haya sido casual y espontáneo. Algunos sectores políticos (quizá los grupos de izquierda fuertemente antikirchneristas) debieron incentivar y proteger esa multitudinaria movilización.

¿Quiénes, desde el otro lado, armaron y protegieron a los bandos que repelieron a aquéllos? ¿Es cierto, como denunciaron Mauricio Macri y Sergio Schoklender en una nueva y sorpresiva alianza, que el narcotráfico financiaba a unos y otros? El narcotráfico existe en la Argentina. ¿Queda alguna duda de eso? Un reciente informe internacional señaló que el consumo de drogas alcanzó ya en la Argentina, en porcentaje sobre el total de la sociedad, las muy altas cifras de los Estados Unidos y de Brasil.

Las respuestas a tantas preguntas no las tiene el periodismo, pero tampoco las tiene el Estado. La Presidenta se ocupó el viernes más de diferenciarse de Macri que de explicar qué hará el flamante Ministerio de Seguridad. Macri es la xenofobia; ella es la celadora de los derechos humanos y de la generosidad nacional. La síntesis es demasiado simplista. Hay un problema de carencia de represión del delito, sean sus autores argentinos o extranjeros. Sería muy injusto diferenciar a unos de otros.

Y hay una enorme permisividad con la inmigración. La Argentina es un país abierto a la inmigración (así hizo su historia), pero su Estado debe tener un registro de inmigrantes, conocer los antecedentes penales en sus países de origen y permitirles a los buenos inmigrantes la oportunidad del progreso social con el esfuerzo de su trabajo. Abrir las puertas sin reglas claras para los inmigrantes significa, en los hechos, el agravamiento de problemas sociales que ya existen severamente en la Argentina.

La Policía, que ya no sabía qué hacer, estará durante los próximos días en una zona de irresoluciones, sin un jefe claro. Nilda Garré, una cristinista leal y silenciosa, como le gusta a la Presidenta, que conoce poco y nada sobre el monumental problema que le cayó encima, asumirá el miércoles. Dos ministros fueron relevados de un plumazo: Aníbal Fernández y Julio Alak, que eran el jefe real y el formal de las fuerzas de seguridad. Esa caída explica que los dos ministros hayan sido obligados durante el viernes a leer sus declaraciones ante la prensa. ¿Leer en un gobierno que hace gala de la improvisación retórica? Sí, los dos leyeron ante los periodistas frases que ahora ya no se sabe si fueron ellos los que las escribieron.

El jefe de Gabinete perderá también, seguramente, la posibilidad de contar con un equipo propio de inteligencia, que hasta ahora le proporcionaba la Policía Federal. Garré tiene por delante una tarea enorme como un bloque sombrío: deberá desmontar bolsones de corrupción policial; sacarla a la Policía del espionaje a políticos y periodistas, y enseñarle a preservar el orden público y reprimir el delito con formas eficientes. ¿Podrá? En ese intento, tropezará más de una vez con las intrigas de su viejo adversario interno, Aníbal Fernández, que era el líder de la Policía. Por ahora, Fernández está entretenido buscando quién le tiró los muertos.

Sólo el despistado canciller Héctor Timerman se abrazó eufórico a la cabeza de Aníbal Fernández cuando escuchó el nombre de Garré de boca de la Presidenta; era ya una cabeza cortada como jefe virtual de la seguridad. Versiones confiables aseguran que el jefe de Gabinete tiene un pie dentro y otro fuera del Gobierno. Su anterior caciquismo policial era su oferta política más consistente.

Nadie sabe si la Policía Federal mató a alguien, pero se vieron imágenes de una enorme ferocidad en la represión de los ocupantes ilegales de Villa Soldati. ¿La policía argentina sólo está en condiciones de no hacer nada o de herir y matar? ¿No hay métodos más civilizados para reprimir un desorden en el espacio público? En Europa, en los últimos días de ajustes y de malas noticias sociales, hubo multitudinarios y duros enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. No hubo muertos ni heridos (de gravedad, al menos) hasta ahora.

Durante siete años, el gobierno kirchnerista prometió la formación de una Policía más democrática. En verdad, lo único que hizo es esconder a la Policía, que siempre aparece con sus viejas mañas cuando debe salir. El gobierno nacional suele creer en supuestas conspiraciones de la Policía para ofrecerle un muerto cada vez que tiene una oportunidad. Puede ser peor que eso: la Policía no sabe, simplemente, cómo hacer las cosas de un modo mejor. La visión conspirativa sobre las fuerzas de seguridad dejó indefensos e impotentes al Estado y a la propia sociedad. La Presidenta se dio cuenta de ese enorme déficit, pero decidió pelearle a Macri el liderazgo de un discurso desde otro ángulo ideológico.

Antes de perder el poder, Aníbal Fernández se dio algunos gustos típicos de él: volvió a incumplir una orden de un juez, como ya lo había hecho hace un tiempo en un conflicto por una elección sindical. El juez capitalino Roberto Gallardo le ordenó, no bien comenzó el conflicto, que la Policía Federal estableciera un cerco perimetral en el parque de Villa Soldati para evitar los enfrentamientos de uno y otro bando, el mismo cerco que sólo ayer se estableció. No lo haré, dijo antes Fernández. Dos muertes violentas sucedieron poco después. Otras dos juezas capitalinas, María Cristina Nazar y Elena Liberatori, van y vienen, se tropiezan y se contradicen con la investigación del caso. En Villa Soldati, la Justicia no sabe si atacar a un antagonista ideológico o hacer cumplir la ley.

El propio Macri venía entretenido con su candidatura presidencial y con sus maniobras para conseguir la aprobación del presupuesto porteño, cuando se topó con cuatro muertos en su propio territorio electoral. No tiene Policía para vérselas con semejante explosión de violencia, es cierto, pero pudo ejecutar mejor su presupuesto para la construcción de viviendas. Subejecutó las partidas presupuestarias en una ciudad donde medio millón de personas tiene problemas habitacionales; el conflicto creció exponencialmente en las villas de emergencia en los últimos años.

Es cierto, de igual modo, que en esa materia el gobierno nacional también lo trata a Macri como un enemigo a batir. En 2010 le giró el 50 por ciento de los fondos comprometidos para la construcción de viviendas; ese porcentaje sólo sirvió para financiar los proyectos habitacionales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Un masivo plan de construcción de viviendas por parte del gobierno nacional sólo beneficia a las provincias amigas, desde Buenos Aires hasta el Chaco.

Las conmovedoras escenas de Villa Soldati (incluidos ambulancias y periodistas baleados) provocaron la psicosis de un vasto temor entre los porteños. ¿Dónde sucederá la próxima balacera? ¿Dónde el próximo asentamiento? ¿Dónde se implantará un campo de batalla que derrumbará el Estado de Derecho a partir de un instante súbito e infiel?

 

Una evidencia del fracaso del modelo

Patricio Distéfano
Para LA NACION

Domingo 12 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa 
 
Los incidentes ocurridos en Villa Soldati, donde vecinos de una villa de emergencia tomaron y lotearon un parque público para construir ahí sus viviendas, puso al descubierto la grave situación que se vive en nuestro país.

Mientras en buena parte de América del Sur los barrios de emergencias, favelas o villas miseria son urbanizados y disminuyen, en la Argentina aumentan de manera sostenida. El motivo por el cual esto ocurre es que en la Argentina los pobres aumentan de manera sostenida. Este hecho deja en evidencia la falsedad de las cifras oficiales en cuanto hablan de disminución de la pobreza y demuestran el rotundo fracaso del modelo económico nacional.

Como solución, algunos sectores plantean que el gobierno porteño debe construir y entregar una casa a todos los habitantes de la ciudad, del resto del país y de cualquier otro país que así lo requieran. Plantean también que este aporte a la humanidad debe ser pagado por los contribuyentes porteños y que, si así no se hace, se incumple con el derecho a la vivienda. Esto es, a mi entender, demagogia pura.

El derecho a la vivienda no significa que el Estado deba darle una casa a cada persona, sino que debe generar, ya sea mediante la construcción o con cualquier otro medio (créditos, tasas subsidiadas, cuotas, etc), mecanismos que faciliten a las personas acceder a una vivienda pagándola. La solución al problema habitacional no es entonces regalar casas, sino crear trabajo de calidad que permita a aquellos que trabajan duro, salir adelante y comprar o alquilar una vivienda. Lo ocurrido en Villa Soldati demuestra que el modelo económico argentino fracasó en este aspecto.

Mañana puede ser nuestra casa

Javier Miglino
Para LA NACION

Domingo 12 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa 
 

Los argentinos asistimos virtualmente paralizados por el desparpajo y la impunidad con que actúa un nutrido grupo de violentos que pretende apropiarse por la fuerza del parque Indoamericano. Durante días, llamó la atención la ausencia del Estado nacional, en general, y de la Presidenta, en particular, en el asunto, lo que despierta enormes suspicacias.

El gobierno de Mauricio Macri y su anémica Policía Metropolitana poco pueden hacer ante el ataque perfectamente organizado llevado adelante por células que actúan mucho más cercanas a una mafia que a un grupo de vecinos que piden un techo.

Un caballero que se identificó como boliviano, presente en el lugar usurpado, se declaraba ante las cámaras de televisión proclive a "compartir la tierra, no como otros egoístas que la quieren toda para ellos" (sic).

Resulta bochornoso escuchar semejantes manifestaciones, toda vez que es sencillo compartir lo que es ajeno.

A la catarata de delitos cometidos por los violentos se sumó la inmoralidad plasmada en el silenzio stampa del Estado nacional que, como titular de las fuerzas federales de seguridad (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura), debe: 1) garantizar el orden público; 2) garantizar el combate al crimen y las mafias; 3) garantizar la lucha contra la violencia, y 4) garantizar la protección del espacio público.

No se aprecia cuidado ni protección estatal cuando un grupo de forajidos perfectamente organizados toman por asalto un parque con una violencia sólo vista en los años 70. Quedarnos de brazos cruzados es el peor escenario que podemos ofrecer a los violentos que pretenden robarnos el Indoamericano. Hoy es Villa Soldati, mañana puede ser nuestra propia casa.

El autor es titular de la organización vecinal Defendamos Buenos Aires.
 

Macri, xenofobia después de Menem

 Por Alejandro Grimson *

Las declaraciones de Mauricio Marci y de su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, acerca de la situación del Parque Indoamericano y la culpabilización a los inmigrantes de países limítrofes nos retrotrae a debates de los años noventa o a las políticas de la dictadura militar que parecían superadas. Desde Menem y antes Videla, ningún funcionario de tan alto rango hizo una declaración tan cargada de xenofobia. La dictadura impuso una nueva ley de migraciones, que acompañó con políticas xenófobas que perseguían a la población de Bolivia, Paraguay y otros países latinoamericanos. Desde 1983, con el nuevo período democrático, no hubo declaraciones ni acciones políticas gubernamentales que atacaran a los inmigrantes, excepto durante el gobierno de Carlos Menem. El propio Menem, el gobernador Duhalde, el canciller Di Tella, el jefe de Migraciones, el jefe de policía, en diferentes circunstancias, realizaron declaraciones xenófobas que los investigadores argentinos coleccionamos y analizamos durante quince años.

Esas declaraciones afirmaban que los problemas sociales y de inseguridad eran producto de una “nueva ola migratoria” desde Bolivia, Perú y Paraguay. Analizando los censos desde 1869 hasta el de octubre de 2001 inclusive, demostramos que esa “nueva” inmigración nunca existió. El porcentaje de migrantes limítrofes en el país se mantuvo todo este período en alrededor del tres por ciento. Lo que hubo fue una utilización de los migrantes como chivo expiatorio de las consecuencias dramáticas de las políticas neoliberales. Puesto que, según rezaba la dirigencia neoliberal, ingresábamos al primer mundo, la Argentina tenía que tener sus turcos como Alemania, sus mexicanos como Estados Unidos.

Demostramos, además, que los argentinos tienden a ver muchos más bolivianos de los que hay en la realidad. Primero, porque cuando estaban en zonas fronterizas, los porteños y los medios porteños no los veían “en la Argentina”. Pero además porque consideran como extranjeros a los hijos argentinos de los bolivianos, también a los jujeños y, finalmente, a todos los que tengan alguna ascendencia indígena. Esto se debe a que la exclusión social, la desciudadanización neoliberal tendieron a extranjerizar a los pobres en general. Produciendo una gran paradoja: los descendientes de los pueblos que vivían en América antes de la llegada de los colonizadores son considerados por los más poderosos descendientes de los europeos como inmigrantes.

Frente a la crisis en que iba ingresando el país en 2000 y 2001, el discurso xenófobo iba perdiendo credibilidad. ¿Quién podía creerse que en vez de la convertibilidad y el remate del país los problemas venían de los bolivianos? Ni De la Rúa ni Duhalde en su presidencia realizaron declaraciones xenófobas.

En 2003-2004 el Congreso Nacional votó una nueva ley de migraciones que reemplazó a la Ley Videla. Es una ley democrática, que garantiza todos los derechos fundamentales a todos los habitantes del país y no sólo a todos los argentinos. Miles y miles de niños con problemas de documentación ingresaron al sistema de educación pública por esa razón, del mismo modo en que todos deben ser atendidos en los hospitales públicos sin importar su nacionalidad. Desde universidades de Estados Unidos vienen a estudiar hoy cómo pudo la Argentina tener una ley tan avanzada y democrática, que sería inviable políticamente en Estados Unidos.

Desde 2003 ningún presidente, pero tampoco ningún funcionario de alto rango, ni del oficialismo ni de la oposición, realizó una declaración como la de Macri, diciendo que hay “descontrol del avance de la inmigración ilegal”. Además, Macri afirmó que hay una “política descontrolada”, seguramente en alusión al plan de legalización más abarcativo que se recuerde, llamado “Patria Grande”. Por su parte, Rodríguez Larreta dijo que en la Argentina hay “una ley muy permisiva respecto de la migración: viene la gente y al poco tiempo de estar en la Argentina pide una vivienda, usurpa, después viene el juez que obliga al Estado a dar una vivienda”. Agregó que “es una lógica perversa”, “que lo único que hace es promover que venga más gente de los países limítrofes para usurpar terrenos y pedir viviendas. Tenemos que cortar eso”, agregó.

Lo que tenemos que cortar, de raíz, es la xenofobia de Macri y de Rodríguez Larreta. No hubo nada parecido en casi tres décadas democráticas, salvo Menem. Pretenden colocar a los inmigrantes causando un problema que sólo han provocado sus propias políticas o, mejor dicho, la inexistencia de las políticas de vivienda en la Ciudad. Y no sólo de vivienda. De paso, actúan igual que la derecha conservadora en todos los países del primer mundo. Están a tono.

Cuidado: van contra los que vienen desde países latinoamericanos como si no hubiera habido italianos y españoles, más de un Rodríguez, en las huelgas de inquilinos de principios del siglo XX en Buenos Aires. Pero también van contra nuestras leyes y contra nuestra Constitución. Mientras hablan de “hacer cumplir la ley” dicen que nuestra ley es errónea, demasiado democrática. La refundación de la xenofobia sólo puede hacerse sobre la falsificación de los datos sobre inmigración.

* Antropólogo. Conicet/Idaes-Unsam

El error de las políticas extremas ante la ocupación de tierras

Ni mano dura ni garantismo

Luis Gregorich
Para LA NACION

Miércoles 15 de diciembre de 2010 |

Hace unos días, justo en el momento en que se producían cruentos disturbios por la ocupación de tierras en Villa Soldati, la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, pronunciaba en la Casa de Gobierno un discurso en el que anunció la creación del Ministerio de Seguridad (y la designación de Nilda Garré como su titular), además de referirse a la decisión como línea política, reiterada a lo largo de estos últimos años, de "no reprimir" la protesta social y, en realidad, de no reprimir nada, desde los cortes de calles hasta los bloqueos de puentes internacionales. Como ejemplo de lo que le pedían sus opositores y los enemigos de estas medidas libertarias, la Presidenta mencionó, incluso, "la pena de muerte".

El ejercicio de este último abuso retórico, que desgraciadamente usan la mayoría de nuestros dirigentes, sólo merece un breve comentario. No ha habido un solo militante destacado de la oposición ni algún columnista trasnochado que haya incurrido en la barbaridad, contraria a todas las leyes y los pactos internacionales, de solicitar la pena de muerte. Atribuir a los demás los peores (e incomprobables) pecados no mejora la calidad de nuestra confrontación con ellos; sólo introduce la confusión y la inexactitud en el debate.

En cambio, inclinarse ante la opinión pública y admitir, con todas las letras, que la seguridad (o la inseguridad, que hablamos de lo mismo) es hoy quizá la preocupación fundamental de la población es un gesto acertado y que merece aplaudirse.

Los hechos de Villa Soldati, es cierto, obedecen a múltiples causas y motivan situaciones de ardua solución, tal como se ha repetido hasta el cansancio. Está la deplorable relación entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Está la negada convivencia entre la Policía Federal y la todavía naciente Policía Metropolitana. Está la presencia interesada del punterismo político y la creciente influencia de grupos de narcotraficantes. Está, por supuesto, la dificultad estructural de una metrópoli para sostener plausiblemente las migraciones internas y externas. Está la subejecución del presupuesto para vivienda del gobierno de la ciudad, que tampoco ha encontrado el lenguaje adecuado para explicar su posición. Está todo eso, pero en medio se yergue el problema de la seguridad como eje central.

Para facilitar la discusión (más bien para diluirla), se acostumbra clasificar las políticas de seguridad en dos casilleros: el de "la mano dura" y el del "garantismo", adosándole siempre al adversario los peores hábitos y exageraciones de cada uno.

A los de la mano dura, sencilla y directa, que son más de los que uno quisiera en todas las clases sociales, se los califica de "represores", "racistas" y, de modo más refinado y pintoresco (aunque no desacertado), "lombrosianos", por referencia al médico y criminólogo italiano Cesare Lombroso (1835-1909), cuya repercusión científica se ha apagado por completo, pero que todavía ejerce una involuntaria influencia en los muchos que son lombrosianos sin saberlo ni reconocerlo.

Para Lombroso, mal discípulo del evolucionismo darwiniano, la tendencia a delinquir era innata en el hombre (obedecía a factores genéticos); a los delincuentes, habitualmente pertenecientes a las clases bajas, había que encerrarlos de por vida o eliminarlos físicamente, para que no siguieran haciendo el daño que no podían evitar; así llegó a definir como "locos" y "enajenados" a un grupo de anarquistas que investigó en la cárcel. Mediante complicadas mediciones del cráneo de los reos o, por ejemplo, de las desviaciones de sus mandíbulas, llegó a conclusiones "fisonómicas" acerca de la predisposición para cometer delitos. Así, la portación de cara ya determinaba al delincuente. Cotéjese esta taxonomía cuasi zoológica con los prejuicios existentes, al borde de la xenofobia, respecto de algunas comunidades extranjeras residentes en nuestro país.

En el otro extremo está el garantismo, del que me declaro partidario, y que está vinculado con la creciente difusión de la gran causa de los derechos humanos, a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial. Ya se sabe: ha venido a combatir las aberraciones de los Estados totalitarios, que disponían de la vida, los bienes y las conciencias de sus habitantes.

Pero debe convenirse que el garantismo también tiene vicios e irregularidades que terminan consiguiendo, a menudo, lo contrario de lo que se proponen. Si está atado a un sistema judicial y penal arcaico, facilita los movimientos de los delincuentes, cuando no su libertad permanente. Con razón refuta el positivismo y el determinismo fisonómico y social de los lombrosianos, pero incurre en un traspié parecido al justificar cualquier conducta por una previa motivación social. Suele debilitar la función policial, con lo que introduce en esta institución los mismos rasgos corruptos que debería combatir. Ante el espanto causado por el vocablo "represión", con el que nos han atemorizado y perseguido nuestros regímenes dictatoriales, olvida que los Estados democráticos disponen del monopolio legítimo de la violencia, cuando ésta se usa en defensa de los ciudadanos. El garantismo, que debiera ser nuestro escudo frente a la violación de la ley, a veces se queda impávido, y gracias a su inacción la ley es violada. El garantismo perezoso a veces genera la impunidad.

Un típico ejemplo de este malentendido lo expresó días pasados el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al decir que sería castigado cualquier policía que "lastimara" a un manifestante o a otro ciudadano. No es que el principal cometido de la policía sea lastimar a nadie, pero ¿qué pasaría si un policía se viese frente a un criminal que amenaza con matar a uno o a varios rehenes, y con el que ya quedaron agotadas las negociaciones? ¿Cómo debería proceder un policía frente a un hombre que lo ataca con un cuchillo? Aun dejando de lado los casos de defensa propia, ¿no tiene acaso el policía experto la suficiente responsabilidad para saber cuándo debe usar (o no) su arma? Privándolo de usarla, ¿no se lo deja indefenso?

No sabemos cuál será la solución final de la ocupación del parque Indoamericano de Villa Soldati (ni de las que se precipitaron luego). Debería ser la que se atiene a la ley, por más que sea una ley dolorosa para algunos de los contendientes. Pero lo que interesa ahora es la correcta decisión presidencial de ocuparse en profundidad de las políticas de seguridad.

Un tratamiento de la seguridad diferente al que se ha implementado hasta ahora es posible. Suponer que sólo hay dos posibilidades extremas es agredir nuestra inteligencia, como en muchos otros temas. El gobierno kirchnerista, a lo largo de sus siete años largos de vida, ha procurado envolvernos en esta dialéctica de amigo-enemigo, de derecha-izquierda, que ha debilitado las instituciones y ha fragmentado el cuerpo social en mayor medida de como lo había encontrado.

Por lo menos en materia de seguridad, tiene ahora una buena oportunidad de no aceptar una falsa disyuntiva entre la mano dura del racismo y la sospecha, por un lado, y la impunidad de los victimarios frente a las víctimas, por el otro. Una política de seguridad firme, honesta y desprovista de prejuicios políticos e ideológicos. Se lo deseamos sinceramente a la nueva ministra. © La Nacion

 

Duhalde contra Aníbal: "No es culpando a los demás que se resuelve la injusticia social"

El ex presidente aseguró que "sin orden ni paz social es imposible abordar seriamente los problemas sociales pendientes"; el jefe de Gabinete lo criticó con dureza

Lunes 13 de diciembre de 2010 |
Eduardo Duhalde aseguró hoy que "sin orden ni paz social es imposible crear las condiciones necesarias para abordar seriamente y en profundidad la resolución de los problemas económicos, políticos y sociales pendientes".

Así respondió a las críticas del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que había cuestionado sus palabras. "No es culpando a los demás que se resuelve la injusticia social ni se exime de su responsabilidad a los que tienen la obligación indelegable de gestionar los recursos y acciones que garanticen una convivencia civilizada", dijo el candidato a presidente por el Peronismo Federal en una carta abierta.

Hoy, más temprano, en una conferencia de prensa, Fernández aseguró que "no va a reprimir ni poner estas situaciones en el lugar que no corresponde", luego de las recientes declaraciones de Duhalde respecto a que el gobierno "tiene que poner orden".

"Hay declaraciones desafortunadas al respecto como la de Duhalde, que desde Estados Unidos dijo que el gobierno debe poner orden, y eso no tiene nada que ver con el Estado democrático", remarcó el funcionario.

Duhalde replicó: "Recientes declaraciones suyas hacen referencia a manifestaciones que yo hiciera sobre la necesidad de establecer el "orden" como premisa básica para una convivencia pacífica y armónica entre los argentinos. Pretender distorsionar el sentido de mis palabras indica una clara incomprensión, o peor aún, una enorme confusión respecto del sentido que la necesidad del orden tiene en toda sociedad democrática".

Y añadió: "El orden no es de derecha ni de izquierda. El orden no tiene ideología, y se lo explico: la ideología está en el sistema. Por eso, Doctor Fernández, cuando en 1973 Perón volvió a la Argentina, nos enseñó que venía a poner orden dentro del sistema Representativo, Republicano y Federal.

"Consiste -siguió Duhalde- en evitar que, por ausencia del Estado y sus instituciones, la sociedad intente resolver las situaciones de conflicto por mano propia. Por lo tanto, corresponde al Estado neutralizar, con el uso responsable de la fuerza pública, la acción de grupos o sectores, que montándose sobre necesidades reales de los más humildes intentan lucrar con la anarquía y el desorden."

Según expresó en la carta, "la lección la han aprendido países vecinos, como Chile, Brasil o Uruguay, cuyos gobiernos no son precisamente de derecha ni tienen connotaciones autoritarias". Y agregó: "Simplemente han decidido vivir dentro del Estado de Derecho, evitando que la lucha de pobres contra pobres termine provocando una secuela lamentable de víctimas inocentes".

Por último, aseguró: "En otras palabras, doctor Fernández, la sociedad nos está exigiendo a todos que seamos esclavos de la ley".

 
Tensión en Villa Soldati / La violencia que parte del fútbol

Los barras y su estrecha relación con la política

Alejandro Casar González
LA NACION

Domingo 12 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa 
 

Julio Carlos Capella es el "Madonna" Quiroz del parque Indoamericano. Uno y otro se hicieron famosos empuñando sus armas de fuego a la vista de todos. Ambos comparten un mismo origen: una cancha de fútbol. Capella integra la segunda línea de la barra brava de Huracán, una de cuyas zonas de influencia es Villa Soldati; cuando irrumpió a los tiros en San Vicente, durante el traslado de los restos de Juan Domingo Perón, en octubre de 2006, Quiroz formaba parte de la hinchada de Independiente y revistaba como chofer de Pablo Moyano, hijo de Hugo.

Entre los incidentes que encumbraron a Quiroz y el conflicto de Villa Soldati, pasaron cuatro años. En ese tiempo, la política aceitó sus lazos con los núcleos violentos de las hinchadas y llevó la relación a extremos impensados cuando el gobierno kirchnerista fomentó la creación de la organización Hinchadas Argentinas Unidas para que los barras argentinos pudieran ver el Mundial en primera persona. Capella fue uno de esos privilegiados.

El peor año

"Es indiscutible que durante 2010 todo se desmadró", reflexiona Juan Manuel Lugones, abogado de la ONG Favifa, que agrupa a los familiares de las víctimas de la violencia en el fútbol argentino. "Los barras crecen con un cobijo político-sindical. Se venden al mejor postor", concluye Lugones.

Una rápida cronología de los conflictos sociales de 2010 ubica a los barrabravas como protagonistas excluyentes. Como mano de obra contratada, estuvieron en la primera línea de fuego y fueron acusados en el asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero que murió luego de un enfrentamiento sindical en octubre. En junio, Ariel Pugliese ("Gusano") y Javier Miranda, ambos barrabravas de Nueva Chicago y empleados del Indec, irrumpieron en la Feria del Libro y provocaron un escándalo durante la presentación del libro Indek, historia íntima de una estafa , del periodista Gustavo Noriega.

Al igual que Pugliese y Miranda, Capella trabaja para el Estado. En su edición de ayer, La Nacion informó que se desempeña en el área administrativa del sanatorio Julio Méndez como empleado de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba) y que su legajo es el 707879, con fecha de ingreso en abril de 2006, durante la gestión de Jorge Telerman como jefe de gobierno porteño. Ayer, en la obra social, evaluaban iniciarle un sumario a Capella por su presencia en los incidentes de Villa Soldati.

Pese a los muertos y a la tensión social, el conflicto en Villa Soldati salvó a Mauricio Macri de una indagatoria. El jefe de gobierno y su ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo debían declarar en el marco de una causa judicial en la que se investiga el rol de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), cuerpo creado para intervenir en los desalojos. A raíz de los maltratos denunciados durante los operativos, la UCEP fue disuelta, pero integrantes del movimiento social Aukache dijeron que entre los 26 integrantes de la fuerza había un barra de San Lorenzo. La voz cantante de los operativos era Luis Savoiardo ("Tano"), habitual "inquilino" del paravalanchas del Nuevo Gasómetro, la cancha de San Lorenzo.

En el conflicto del parque Indoamericano hubo hinchas de varias camisetas. "Había barras de cuatro o cinco equipos, aunque no los tenemos individualizados", indica Mónica Nizzardo, presidenta de la ONG Salvemos al Fútbol. Y reconoce: "Todo esto se podría haber evitado si la Justicia investigara algunas de las denuncias que hay contra los barras y los políticos. Parece que nadie los ve". Lo curioso es que los Capella, Quiroz y Pugliese salen en cadena nacional. Sus rostros, sus prontuarios y sus actos quedan expuestos. Fuera de micrófono, un poderoso ministro dijo alguna vez: "Si comprás un barra, te comprás un problema". El Estado, al parecer, también tiene su cara masoquista.

 

Una disuasión que debió llegar antes

Daniel Gallo
LA NACION

Domingo 12 de diciembre de 2010 | Publicado en edición impresa 

La imagen fue contundente. Dejó vacíos los discursos políticos. La masiva presencia de gendarmes en el parque Indoamericano demostró ayer el poder de disuasión que tiene el Estado cuando decide mostrar sus músculos. La Gendarmería copó, a fuerza de cantidad, al predio que fue lugar de niveles de anarquía pocas veces vistos. Quedó así más en evidencia que el abandono del Estado provocó antes las muertes y los heridos.

Gendarmería y el cuerpo antitumultos de la Prefectura se hicieron cargo de una zona que estaba sin ley, a merced de bandas, de esos tiradores nunca encontrados que siempre aparecen en disturbios sociales. El juez Roberto Gallardo había ordenado al Gobierno, en la noche del jueves, hacer un cerco de seguridad. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo en ese momento que la orden era "de cumplimiento imposible". Un día después, con incidentes más graves, la Casa Rosada determinó el operativo cerrojo. Pudo cumplirlo sin problemas. ¿Qué cambió?

En la reunión de Fernández y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, con organizaciones sociales, escucharon el reclamo de los propios ocupantes del parque. Pidieron directamente a la Gendarmería para protegerlos. Mauricio Macri hizo ese reclamo una y otra vez mientras la violencia crecía en Villa Soldati. El no tuvo respuesta, pero Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, sí fue escuchado cuando exigió como primer punto en la negociación la garantía de seguridad física para los ocupantes del parque.

La demora en sostener la presencia del Estado en la zona puede tener más respuestas en atender los celos profesionales de las fuerzas que en cuestiones de política táctica. La Policía Federal quedó bajó la mirada dura de la presidenta Cristina Kirchner después de las dos primeras muertes. Pero sin contar con la fuerza que camina la Capital, las opciones de control del Gobierno quedaron disminuidas. Gendarmes y prefectos tenían vedado el ingreso en la ciudad por el reparto de objetivos de seguridad que mantiene la relación, siempre inestable, entre las tres fuerzas federales. Los destacamentos móviles de la Gendarmería tuvieron prohibido el ingreso en la Capital hasta en los nefastos días de diciembre de 2001.

No deja de ser una paradoja que el primer despliegue de la Gendarmería en un barrio porteño sea justo enfrente de la escuela de la Policía Federal.

El problema para el Gobierno será explicar el por qué de la demora en mandar a la Gendarmería. Más porque varios destacamentos estaban aprestados a minutos de Villa Soldati, listos para ser usados en breve en cordones de seguridad sobre villas del conurbano.