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Barack Obama y Pino Solanas, contra los capitales usureros y estafadores
Resultan de extraordinaria relevancia las grandes similitudes y coincidencias en los planteos de Barack Obama y el líder de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas (Congresista argentino -del auténtico peronismo progresista- opuesto al gobierno de Cristina de Kirchner). Acá podemos apreciar las similares posiciones progresistas de ambos, tanto en la campaña lanzada por Obama para que los grandes bancos (Wall Street) devuelvan el dinero que se les ha prestado para enfrentar la grave crisis económica que ellos mismos desataron (ver post anterior), como la sostenida por Solanas que denuncia la deuda externa argentina como ilegal, ilegítima y corrupta, generada por una maniobra totalmente fraudulenta (leer nota al final de este informe), lo que ya fuera dictaminado por la Justicia, faltando que el Congreso lo certifique y corrobore mediante su investigación, y evite así una sangría económica de dinero que bien podría dedicarse a combatir la pobreza, la miseria, la falta de educación, de empleo y seguridad, construír viviendas, hospitales, caminos, vías ferroviarias,etc, y desarrollar el país.
We want our money back
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de |
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Vice President Joe Biden <info@barackobama.com> | ||
| para |
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Juan Martin Nuñez <farodelautopia@gmail.com> | |||
| fecha | 15/01/2010 17:49 | ||||
| asunto | We want our money back | ||||
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TRATAMIENTO DE LOS DNU EN EL CONGRESO
Solanas, un obstáculo para la autoconvocatoria
Proyecto Sur ratificó que no contribuirá al quórum si no se investiga la deuda. A la oposición no le dan los números para sesionar el 20 de enero.
Miguel Bonasso, Pino Solanas y Claudio Lozano. Tres obstáculos para los deseos de la oposición de voltear los DNU de Cristina en una sesión autoconvocada por los frentes anti K. (DyN)
El bloque de Proyecto Sur (también opositor al gobierno de Cristina de Kirchner), que preside Fernando “Pino” Solanas, no se mueve de su posición: no se sumará a una eventual autoconvocatoria del Congreso si la oposición no acepta discutir la legitimidad de la deuda externa. Mientras la centroderecha busca alternativas legales para voltear en el recinto el DNU del Fondo del Bicentenario -el que despide a Martín Redrado concita dudas- sin cuestionar el pago de las obligaciones, el interbloque de Proyecto Sur ratificó que no contribuirá al quórum si no se debate allí el fondo más que las formas: la denuncia de la deuda que haya sido contraída de manera fraudulenta o ilegítima.
“No hay ningún argumento para que no se abra una auditoría definitivamente de esa deuda y se pueda determinar qué es lo lícito y qué es lo ilícito. Por eso no vamos a acompañar ninguna autoconvocatoria, nada”, avisó Pino. “Si se trata de una sesión extraordinaria en el marco de los DNU, nosotros vamos a ir. Pero no vamos a ser parte de una autoconvocatoria si no se incluye algo más que los decretos”, refrendó Claudio Lozano en diálogo con Críticadigital.
La jugada de Solanas es, más allá de su posible viabilidad, estratégicamente hábil. Con una sola movida dejó en evidencia a los más importantes dirigentes de la oposición –muchos de ellos presidenciables- plantándoles en la agenda un tema delicado. Ninguno de ellos se atreve a blanquear que, en sus planes, no figuraba en absoluto la idea de revisar la legitimidad de la deuda externa. Hasta el socialismo, un posible aliado de Pino, queda en offside y corrido “por izquierda”, ya que admite cierta correspondencia ideológica con la idea de auditar la deuda pero patea la pelota hablando de los riesgos de discutir eso en este contexto político y ante la necesidad de atender otras urgencias.
Lo cierto es que este posicionamiento de Proyecto Sur preocupa y mucho a la oposición, que busca desesperadamente anular el DNU Bicentenario y recién ahí avanzar en otros “mecanismos” para cumplir con los pagos. Esos “mecanismos” son los que disparan la prevención de Pino y compañía. No quieren que se canjee el uso de reservas por mayor ajuste en el gasto público. “No queremos tratar sólo los DNU, dejando abierto que el tratamiento de la deuda sea incluso peor”, resumió Lozano como vocero del bloque.
El temor en el bloque duro de la oposición es, más allá de que aún esperan que Cristina Kirchner convoque a sesiones extraordinarias, que si al final desnudan mecanismos reglamentarios para autoconvocarse, Proyecto Sur les trabe el quórum. “Tendrán que aceptar con responsabilidad lo que van a decirle a su propio electorado, si por no atacar el tema de fondo van a dar vía libre al saqueo de las reservas”, avisó de antemano la radical Silvana Giúdici, consultada por este medio.
En definitiva, el asunto se dirime en términos numéricos. Solanas y sus aliados suman unos 11 diputados y en la oposición cuentan como no oficialistas unas 143 bancas –las que votaron unificadas en la sesión dónde se eligieron las autoridades parlamentarias-. Así, sin estos 11, podriár quedar con 132 bancas -apenas cuatro más que la "llave" de 129-. Una holgura muy estrecha que podría ponerlos al borde del fracaso, teniendo en cuenta que muchos legisladores están de vacaciones y muchos posibles ausentes, como suele suceder.
Las trabas son tan graves que la fecha de una sesión para tratar los DNU planteada para el 20 de enero, deseo que habían soltado desde el PRO y el propio Francisco De Narváez, ya se cayó. Desde otro bloque que transita los grises entre los K y los anti K, como es el socialismo, dijeron a Críticadigital que esa posibilidad está descartada. Hablan de lo importante que será la primera semana de febrero para allanar canales de diálogo con la centroizquierda. Incluso antes que insistir en una convocatoria consensuada con el kirchnerismo. Si arriman, en esos días avanzarían a paso pesado con la autoconvocatoria.
El endurecimiento de Proyecto Sur bloquea a su vez los deseos de desdoblar que, por ejemplo, plantean desde la UCR. ¿Qué es esto? Según voceros del centenario partido, la lectura es que los diputados y senadores pueden autoconvocarse para emitir una “resolución” sobre los DNU, porque en ese caso el otro poder –el Ejecutivo- ya se pronunció con la firma misma de los decretos. En cambio, sí necesitan el llamado presidencial para ir por la cuestión de fondo: un proyecto de ley que establezca los “mecanismos” para avanzar con el pago, los mismos que miran con profunda desconfianza desde la centroizquierda. “Lo que queremos es que Cristina habilite tratar el tema de la deuda con una ley. Que sea una pronunciación no de un gobierno, sino de un Estado”, resumen su posición a este medio.
Giudici, por su parte, asegura que la UCR “no escapa a ningún debate”, en respuesta a la posición de Proyecto Sur, sino que “es el oficialismo el que elude el Congreso con maniobras como los DNU para apropiarse de las reservas”.
Margarita Stolbizer fue una de las pocas en dejar en claro su rechazo a la discusión de la legitimidad: "Si el Congreso ya votó las partidas para pagar la deuda (cuando se debatió el Presupuesto nacional) eso es un retroceso y un desconocimiento de la legitimidad que tiene la decisión del Congreso en la asignación de los recursos". Claro como el agua.
Para Roy Cortina, diputado socialista, su partido puede “suscribir” la posición en cuanto a la legitimidad de la deuda, pero teme que esta discusión sea usada “como una excusa para no discutir ningún tema más urgente”, se confiesa ante Críticadigital. Aunque encuentra un punto en común con Solanas y Lozano a la hora de leer a la oposición: “Hay sectores que hubieran sido felices de que esto pase al Congreso para negociar con el oficialismo pero que coinciden en la cuestión de fondo”.
Lozano reclama que las reservas, en lugar de para crear “confianza” en los acreedores, se usen para un Fondo de Desarrollo. Esto y la auditoría urgente sobre la deuda es la exigencia que plantea Proyecto Sur para acompañar la autoconvocatoria. Pero el amplio abanico ideológico que conforma a la oposición, que se traslucen en las diferentes lecturas sobre la legitimidad de la deuda, hace que pensar en una recinto con todos ellos se asemeje a una mesa con perros y gatos.
Los
principales bloques de
diputados de centroderecha,
la CC-ARI, el PJ disidente,
el PRO y la UCR,
suscribieron un acuerdo este
martes para aunar y reforzar
su ofensiva contra el
Gobierno a partir de los DNU
que intentaron derivar
reservas del Banco Central
para el pago de deuda
externa y sacar a Martín
Redrado de esa entidad. Pero
el dato central del anuncio
opositor fue la admisión que
hizo Elisa Carrió -y no
contradijeron sus aliados-
respecto a que esas fuerzas
están dispuestas a
acompañar la creación de una
comisión que investigue la
legitimidad de las
obligaciones externas
contraídas por la Argentina,
tal como exige Proyecto
Sur.
La diputada de la CC-ARI
negó la existencia de
diferencias en la oposición
que conspiren contra una
eventual autoconvocatoria de
Diputados para tratar los
DNU que firmó la presidente
Cristina Kirchner. En ese
sentido, emplazó al Poder
Ejecutivo a llamar a
sesiones extraordinarias. En
concreto, la centroderecha
le dio tiempo durante enero
para hacerlo -una vez que
Cristina regrese de su viaje
oficial a China-. Si no
llega a ocurrir ese llamado,
acudirán al presidente de la
cámara baja, el kirchnerista
Eduardo Fellner, para que
convoque a sesiones. Y si
esta estrategia tampoco se
produce -algo que tiene muy
pocas chances de ocurrir,
por cierto-, Carrió aseguró
que habrá autoconvocatoria
durante febrero.
Fue también la legisladora
porteña quien dio la
sorpresa política del día.
Lilita aseguró que "nunca"
hubo discrepancias con su
par de Proyecto Sur, Pino
Solanas, respecto a un
eventual acompañamiento para
la creación de una comisión
investigadora de la deuda.
Al respecto, recordó algunas
acciones que tomó en ese
sentido el Parlamento en la
década del '80.
Hecha esa aclaración, que ni
Felipe Solá ni Federico
Pinedo contradijeron, Carrió
invitó públicamente a Pino a
sumarse a una eventual
autoconvocatoria opositora
en Diputados para intentar
voltear el DNU que creó el
Fondo del Bicentenario y el
que echó a Redrado como
presidente de la autoridad
monetaria. Se entiende: con
un interbloque de once
diputados, la presencia de
Proyecto Sur y sus aliados
es fundamental para
garantizar una moción de
censura contra ambos
decretos de Presidencia.
Sin embargo, tal como
enunció la UCR y el PRO en
varias oportunidades, Solá
-titular del bloque del
Peronismo Federal y hasta
ahora uno de los más férreos
defensores de la continuidad
de Redrado o, en su defecto,
una "salida digna", indicó
que "lo más importante" es
"trazar una estrategia
(financiera) a partir del
déficit fiscal que el
Gobierno insiste en
ocultar". O sea, el pago de
la deuda y los gastos
corrientes pesan más que el
seguimiento de Redrado como
máxima autoridad monetaria.
AL BANQUILLO. Por
otra parte, Carrió, Sola y
Pinedo ratificaron esta
tarde que presentarán un
pedido de juicio político
contra el jefe de Gabinete,
Aníbal Fernández, por
"violación a la
independencia" del Poder
Judicial en
el caso del
sindicato de Aeronavegantes
-donde hizo que la policía
desoya una orden judicial- y
por la "persecución"
de la jueza María José
Sarmiento -a quien, luego de
firmar fallos en contra del
gobierno, le pusieron un
patrullero en la puerta de
su casa-, informó Carrió en
la conferencia de prensa.
La líder de la Coalición
Cívica, desafiante, llevó la
pelea al terreno personal:
"Lo queremos al jefe de
gabinete en el banquillo de
los acusados". “Esperamos no
tener que pedir juicio
político a la Presidenta por
el uso de las reservas”,
siguió Lilita, quien pidió
que "la Corte Suprema
también se pronuncie".
El juicio político contra
Fernández lleva las firmas
de los presidentes de los
bloques de diputados por la
Coalición Cívica, Elisa
Carrió; del Peronismo
Federal, Felipe Solá; por el
PRO, Federico Pinedo; y del
radicalismo, Oscar Aguad. El
pedido "es por el
avasallamiento" del Poder
Judicial en el caso del
sindicato de Aeronavegantes
y por "la persecución" de la
jueza María José Sarmiento,
informó Carrió en la
conferencia de prensa.
Pinedo fundamentó la
iniciativa en "lo increíble"
de que "Aníbal Fernández le
diera instrucciones a la
policía para que no
cumpliera las órdenes de la
Justicia, alegando que eran
inconstitucionales los
fallos". El diputado de PRO
recordó que "el Congreso
tiene la facultad de
remover" a funcionarios.
los ejes del incremento ilegítimo
Qué se discute cuando se habla de la deuda
El endeudamiento externo argentino creció con maniobras fraudulentas que investigó la Justicia Federal. El rol del Banco Central, las empresas estatales y los sectores privados para el aumento del endeudamiento externo.
El Fondo del Bicentenario sacó del baúl de los trastos viejos la legitimidad o no de la deuda externa. Un cuestionamiento que, más que una simple reivindicación, tiene un fuerte sostén judicial. En el año 2000, Jorge Ballestero cerró una investigación que se había abierto 18 años antes por una denuncia del periodista Alejandro Olmos contra el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
El fallo del juez sostiene que, si bien los delitos penales habían proscripto, la deuda es “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”. Por eso mismo, Ballestero le pidió al Congreso de la Nación que tome su investigación para negociar el pago de la deuda.
Los expedientes iluminan el origen del endeudamiento, en 1976, pero llegan a estudiar el Plan Brady, los títulos mellizos, todo promocionado por el Fondo Monetario Internacional. Lo que sigue es un resumen posible, dividido en tres grandes ejes, de un proceso que desnudó la estructura de una gran estafa.
EL BANCO CENTRAL. En la investigación se advierte que la oficina encargada de relevar la deuda no lo hacía. Distintos funcionarios de la entidad le comunicaron a la Justicia que “los estados de la deuda externa total surgen del cómputo de informaciones provistas por los deudores con finalidad estrictamente estadística, por lo que no constituyen registros de carácter contable”. Es decir, el banco no tenía una contabilidad sobre la deuda. Por eso el juez ordenó un relevamiento serio y una pericia judicial. Los peritos se sumergieron en los informes del BCRA, los papeles presentados por las empresas estatales y la información pública de la Sindicatura de Empresas de Estado. El informe final advierte que “se desconoce el monto real de la deuda”, que hubo una “proliferación de autopréstamos” y que se liquidó deuda que, sin embargo, seguía estando registrada como impaga.
El rol del Banco Central fue clave: también concertaba los préstamos que tomaban las empresas estatales, un endeudamiento que fue regulado por un sistema trimestral de cupos que el ministro de Economía José Alfredo Antonio Martínez de Hoz le encargó en 1980 a Guillermo Walter Klein, secretario de Coordinación y Programación Económica.
En la causa, Olmos señala que Klein, a su vez, manejaba su propio estudio profesional. Y que antes de asumir tenía la representación de un banco, el Scandinavian, y que entre 1976 y 1984 el mismo estudio era apoderado de 22 bancos, entre ellos los bancos acreedores de la Argentina: Barclay’s, Crédit Lyonnais, el Union Bank de Suiza y el City National Bank, entre otros.
LAS EMPRESAS PÚBLICAS. A partir de 1976, el gobierno usó a las empresas estatales para engrosar las reservas del Banco Central y financiar la llamada “apertura económica”. La triangulación fue admitida en la causa, por ejemplo, por el entonces subgerente de Exterior y Cambios del Banco Central, Jorge Magistrelli. El caso de YPF fue paradigmático.
El fallo del juez Jorge Ballestero detalla que la empresa fue obligada a obtener 423 préstamos externos por un monto de, al menos, 9.460 millones de dólares, que no fueron destinados a adquisición de bienes de capital, sino que quedaron al cuidado del BCRA. Un dinero que, según los peritos, la empresa tampoco necesitaba, y que constituyó una verdadera “malversación de fondos”.
La deuda, años después, sirvió para justificar su privatización. Algo que también ocurrió con otras compañías como Aerolíneas Argentinas y ENTEL. Con el agravante de que luego ese endeudamiento sirvió para justificar su privatización.
Una privatización que terminó de cerrar un evidente mal negocio para el Estado argentino que tomó como parte de pago de esas empresas bonos de deuda al 100 por ciento de su valor, cuando en el mercado cotizaban a no más del 15 por ciento de su valor nominal.
LA DEUDA PRIVADA. El informe producido por el Banco Central, a pedido del juzgado, estableció que en octubre de 1983 la deuda total privada era de algo más de 13 mil millones de dólares (y que de ese total, sólo el 15% tenía justificación comercial: el resto era “deuda financiera”). Una buena parte de esa deuda tuvo aval del Estado, a través del Tesoro nacional (por ejemplo la de Papel Prensa, Acindar y Alto Paraná). Fue habitual que las empresas no hicieran frente a las obligaciones vencidas y, así, el compromiso fue pagado por las garantías estatales. El Estado, sin embargo, no intentó recuperar ese dinero.
En 1981, a través de normas del Banco Central, empieza un proceso por el cual la deuda privada pasó a ser pública. (!!!). En 1983 se establecieron “seguros de cambio” para reducir el efecto de las devaluaciones en los importes adeudados por el sector privado.
En 1985, el gobierno de Raúl Alfonsín cerró el ciclo mediante nuevas normas del BCRA. En el expediente empujado por Olmos se apunta que entre la deuda privada asumida por el Estado se incluyó lo que las filiales argentinas les debían a sus casas matrices. Entre los principales deudores del sector están Cogasco, Autopistas Urbanas, Celulosa Argentina, Acindar, Compañía Naviera Perez Companc, Alto Paraná, Bridas, Alpargatas y los bancos Río, Italia, Galicia y City Bank.
Alejandro Olmos, el investigador de la gran estafa
Alejandro Olmos no pudo ver el resultado concreto de un trabajo que le llevó 18 años. Murió en abril del año 2000. Y, un mes y medio después, el juez Jorge Ballestero se animó a darle la razón en un fallo histórico en el que estimó que el procedimiento de endeudamiento exterior fue ilegal e inmoral.
Olmos trabajó hasta los 76 años en una causa que sumó quinientos cuerpos gracias a su insistencia en aportar datos y más datos. Para eso convirtió a su departamento, un pequeñísimo ambiente céntrico, en un laboratorio repleto de papeles con una vieja computadora que usaba con tipografías gigantes, una PC que dejaba siempre encendida y sin carcasa por consejo de algún conocido, una silla que apenas lo contenía y un ventilador.
Olmos hizo todo. Investigó la gran estafa. Convenció a muchos sectores políticos de la relevancia de demostrar en la Justicia los ilícitos que alimentaron la deuda. Visitó todos los lugares que pudo para contar los detalles de su trabajo. Escribió un libro para sintetizarlo. No se dio por vencido.
Fue también un hombre clave de la resistencia peronista, fundador del diario Palabra Argentina, un periodista perseguido, encarcelado tantas veces, al fin, un tipo austero y cabeza dura. Con un gran sueño.
