Fernando “Pino” Solanas
“Cristina tiene que hacerse cargo de haber hecho pareja con un traidor”
El líder de Proyecto Sur no duda en calificar al
kirchnerismo como una variante de la derecha en la Argentina, se
proyecta políticamente como alternativa para la ciudad, pero no
desdeña ni escapa a la posibilidad de competir en 2011 por la
presidencia. En estos días de agitación por el uso de las
reservas del Central, Solanas reinstaló el debate sobre la
legitimidad de la deuda.
Gabriela Vulcano
31.01.2010
Misión.
Solanas cree que la razón
de su fuerza política es enfrentar el bipartidismo
tradicional. “No es posible acordar con el
justicialismo ni con la Unión Cívica Radical”,
sostiene.
Dentro del bar de Sarandí y Rivadavia hacen varios
grados menos que afuera, donde la sensación térmica
trepa a 36. Relajado y de muy buen humor, Fernando
“Pino” Solanas pregunta: “¿Tenemos que hablar de cosas
serias?”. A pesar del protagonismo que adquirió en los
últimos días, al reinstalar el debate sobre la
legitimidad de la deuda externa, el líder de Proyecto
Sur está más dispuesto a escuchar que a hablar. Antes de
meterse de lleno en lo que él llama el “culebrón
estival”, se lamenta por no haber tenido vacaciones. “Me
voy a hacer alguna escapadita, si no me tendré que
conformar con una pelopincho y una manguera”, se ríe.
Apenas se enciende el grabador, el diputado embiste
contra el kirchnerismo, al que acusa de ser “una de las
variantes de la derecha en la Argentina”; llama
“traidor” a Julio Cobos y deja la puerta abierta para
una alianza con la dirigente de la Coalición Cívica
Elisa Carrió.
–Proyecto Sur se corrió del debate sobre si había que usar las reservas del Banco Central o no para el pago de la deuda externa y en su lugar planteó que había que investigar su origen. Desde el oficialismo y desde un sector de la oposición plantearon que esa es una discusión saldada. ¿Por qué usted cree que no?
–Quienes sostienen que es un tema saldado están hablando por boca de los bancos o son cómplices de esa gigantesca estafa. El debate sobre la ilegitimidad de la deuda no está saldado. Tan poco saldado está que quieren que sigamos pagando deuda. Una parte de la deuda está siendo investigada en tres causas de la Justicia Federal Penal, en el Juzgado Federal Nº 2 de la Capital Federal, a cargo del magistrado Martínez Giorgi. Por eso es inadmisible que a través del decreto 2.010, que lleva el hipócrita nombre de Fondo del Bicentenario, se quiera pagar deuda a los fondos buitres o holdouts. La deuda existe y está viva porque es un delito de acción continuada. En estos 26 años, hemos pagado algunas decenas de miles de millones de dólares de deuda indebida.
–El fallo del juez Jorge Ballestero del año 2000 en la causa Olmos concluyó que sólo una parte de la deuda era ilegítima. ¿La discusión no debería apuntar a que sólo se pague la deuda que es legítima?
–No hay que realizar ningún pago a aquellos acreedores que están siendo investigados en causas de la Justicia Federal Penal. De una vez por todas el Congreso debe auditar el conjunto de toda la deuda pública. Una comisión bicameral con un plazo de seis, siete u ochos meses, con técnicos y especialistas nacionales e internacionales, lejos de cualquier sospecha de tipo política. A la vez, esa comisión investigadora debería tener la supervisión de la Corte Internacional de La Haya. Nos oponemos a que se siga pagando deuda sin una auditoría previa y hay que cancelar el pago a toda la deuda que está siendo investigada. El juez Ballestero detectó 477 defraudaciones, una sentencia que nadie cuestionó. Que las autoridades del gobierno de De la Rúa y de Néstor Kirchner no hayan acatado esa resolución es un escándalo.
–La Presidenta dijo que la deuda es legítima y sostuvo que algunos hablan de ilegitimidad “como un eslogan electoral”. A su vez, el titular de la UCR, Ernesto Sanz, señaló que quienes plantean no pagar la deuda “no tienen ningún tipo de responsabilidad” y que “mientras más lejos están del poder, plantean cosas más irrazonables”. ¿Qué dice sobre eso?
–Esos son los discursos funcionales a los acreedores. Todo eso es falso. Buena parte de los países del mundo investigaron sus deudas. Hoy, el Parlamento brasileño está llevando una investigación de los últimos treinta años de la deuda pública. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, que no es ningún loquito, lo primero que hizo fue investigar la deuda pública.
–¿No piensa que el gobierno de Néstor Kirchner de algún modo reconoció como ilegítima una parte de la deuda al haber hecho una quita del 75 por ciento?
–Lo que los kirchneristas deberían haber hecho es acatar el fallo del juez Ballestero. ¿Qué hace un país cuando está en un pleito? Hecha mano a toda la jurisprudencia que más lo favorece, salvo los gobiernos argentinos.
–¿El desendeudamiento no ayuda a tener mayor independencia política?
–La deuda no es un problema de soberanía. ¿Por qué cayó tanto el nivel de vida de los argentinos en estos veintiséis años? ¿Por qué cayó la calidad de la educación, de la salud, del sistema social, del transporte y de los servicios públicos? Porque la mayor parte de lo que acumuló la Argentina se destinó para pagar deuda. En estos veintiséis años, hemos pagado cerca de 150 mil millones de dólares, a pesar de la mentira de Néstor Kirchner, que le hizo creer al pueblo argentino que pagándole al FMI 10.500 millones de dólares en 2005 y habiendo renegociado el quite de deuda, la deuda prácticamente se había acabado. Hoy, la Argentina debe más de 200 mil millones de dólares. El oficialismo se pone en víctima y nos dice que está frente a una especie de conspiración destituyente.
–¿Qué piensa sobre la “conspiración destituyente Clarín-Cobos-Redrado” que denunció el Gobierno?
–Que los males que está sufriendo el Gobierno por parte de sus socios políticos, como Redrado, que es alguien que viene del riñón del menemato y del establishment, o Cobos, que fue la pareja presidencial de Cristina, son errores del propio Gobierno. El gobierno de Néstor y el de Cristina Kirchner tuvieron mayoría en ambas cámaras, sin embargo fueron incapaces de modificar grandes leyes que vienen de la dictadura. Les digo esto a los que se llenan la boca diciendo que éste es un gobierno progresista y que está siendo acorralado por la derecha conservadora.
–¿Existe o no una intención de desestabilizar al Gobierno?
–Puede haberla o no, pero el gobierno de Kirchner tuvo todo el poder para acabar con la ley financiera y bancaria de Martínez de Hoz y hoy es víctima del estatuto de la Carta Orgánica del Banco Central de Cavallo. ¿Por qué no la bajó o modificó? ¿Por qué no modificaron el sistema impositivo? Kirchner es un gran farsante y un gran impostor. No fue capaz de bajar ni una de las leyes mineras del binomio Menem-Gioja. No impulsó la modificación de la legislación petrolera ni el sistema de las agroexportadoras.
–Usted pone en duda la conspiración que denuncia el Gobierno, sin embargo salió a criticar a Julio Cobos por su doble rol de vicepresidente y dirigente de la oposición.
–Desde el punto de vista ético, pienso que la posición de Cobos es insostenible. El hecho de que Cobos sea una de las cabezas de la oposición y al mismo tiempo forme parte del Gobierno es insostenible. Bajo el punto de vista constitucional, no ha sido nombrado como un ministro, lo eligió el voto ciudadano. Esto es un culebrón de la pareja presidencial. Cristina tiene que hacerse cargo de haber hecho pareja con un traidor. Cobos les pegó una cornada a los radicales y la naturaleza cobista terminó con una cornada a su pareja presidencial. Esto, como lo de Redrado, son problemas intestinos, quizás putrefactos. Es el culebrón estival.
–¿Por qué cree que el Gobierno sale a denunciar que lo quieren desestabilizar?
–Cuando se exageran estos temas, es porque se quiere ocultar el monstruo que devora los ahorros argentinos y el futuro de nuestra juventud. Se dice que no se quiere hablar del monstruo porque ya está instalado. Estará instalado en la vida de los radicales o del PRO. Acá hay una derecha conservadora que es socia de Néstor Kirchner, por ejemplo para votar la ley de apertura del canje de deuda en noviembre. A su vez, los kirchneristas le aprobaron al PRO el 70 por ciento de los proyectos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y del pico para afuera, el Gobierno hace creer que son los progresistas acosados por la derecha.
–¿Cuál será su principal prioridad para este año en el Congreso?
–El interbloque de 11 diputados tiene más de 80 proyectos de ley a presentar. Por ejemplo, queremos parar los despidos por 180 días, hay proyectos sobre políticas para las pymes y para las fábricas recuperadas, ley de entidades financieras, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y proyectos que tienen que ver con la recuperación de los recursos naturales, y la creación de Petróleos de Argentina. Hay proyectos que hacen a la calidad institucional: el INDEC y el ANSES, que deben ser autónomos. Además, hay que terminar la reforma de la Ley de Radiodifusión para que el ente regulador sea absolutamente autónomo.
–Uno de los ejes de su campaña fue el problema de la minería, ¿qué proyecto tiene pensado presentar en relación con ese tema?
–Vamos a plantear la prohibición de la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas. Reemplazar la ley de inversiones mineras es fundamental. También vamos a trabajar para la reconstrucción de los ferrocarriles y proyectos que hacen a la defensa del medio ambiente.
–¿Hay consenso con el resto de la oposición o con el oficialismo en torno de algún proyecto en particular?
–Nos hemos propuesto discutir los grandes temas nacionales con las otras fuerzas políticas cercanas al movimiento de Proyecto Sur, pero todavía estamos en un nivel de acercamiento.
–¿Cuáles son esas otras fuerzas?
–El Partido Socialista; el Frente Cívico, de Luis Juez; y el GEN, de Margarita Stolbizer. Lejos de sostener que tenemos un Parlamento que ha girado a la derecha, estamos en un Parlamento más independiente y más progresista que el que tuvimos con los Kirchner.
–¿Hay alguna posibilidad de alianza electoral con esas fuerzas políticas?
–Cada cosa a su momento. La transformación de la Argentina no se puede realizar con un solo polo político. En noviembre vamos a definir nuestro plan político y definiremos en qué escenario político va a jugar mi candidatura.
–¿Y con Martín Sabbatella?
–En tanto Sabbatella siga pegado a las políticas neokirchneristas o kirchneristas es muy difícil. Pero él es un hombre talentoso que administró muy bien Morón.
–¿Con qué sectores no existe posibilidad de acuerdo?
–Nosotros venimos para enfrentar al bipartidismo. No es posible acordar ni con el PJ ni con la UCR.
–¿Y con la Coalición Cívica?
–Veremos. Es una fuerza de centro, que por momentos gira a la derecha y en otros a la izquierda.
–Durante la campaña electoral de junio de 2009, usted y Elisa Carrió se han pasado varias facturas...
–Entre un hombre y una mujer siempre hay chispazos. En el tango político argentino, algún pisotón siempre hay. No somos tan buenos bailarines. Creo que vamos a consensuar con la Coalición Cívica en la auditoría de la deuda pública, porque ellos son firmantes de la causa del megacanje.
–Usted declaró que le gustaría compartir una fórmula presidencial con Hermes Binner. ¿Cómo es su relación con el gobernador santafesino hoy?
–Muy buena, y vamos a tener con los socialistas el mismo punto de vista con relación a la deuda.
–Yo le hablo de alianzas electorales, no parlamentarias.
–Lo electoral lo iremos viendo este año.
–¿Va a ser candidato en la Ciudad, en la provincia de Buenos Aires, o se va a animar a disputar la presidencia de la Nación?
–No lo sé. No sabemos qué va a pasar en los próximos cinco meses.
–Le cambio la pregunta, ¿en qué lugar le gustaría ir como candidato en 2011?
–Nosotros nos venimos preparando para gobernar la Argentina. Soy el referente de este espacio, por lo tanto gobernar a nivel nacional es la meta. Pero si no podemos saltar 15 metros, porque no nos da, y podemos hacer un pie de seis metros, lo haremos. Después del 28 de junio, Proyecto Sur dejó de ser una fuerza testimonial. Nosotros nos preparamos para dos escenarios, el del gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es más, venimos trabajando con un gabinete en las sombras, tanto para lo nacional como para la Ciudad.
“Argentina necesita estatizar Telecom”
–¿Está de acuerdo con que el Gobierno estatice Telecom?
–Argentina necesita estatizar Telecom para tener una empresa testigo en las comunicaciones. Las comunicaciones son uno de los campos de desarrollo más espectaculares de estos años. Menem vendió hasta los postes, hay que recuperar eso y ser un contrapeso del desembarco de todos los grupos de comunicaciones.
–¿También habría que nacionalizar YPF?
–Todo eso hay que analizarlo. Si es negocio porque tenés las acciones regaladas, fenómeno; si no, creas una nueva empresa. Nosotros necesitamos una petrolera nacional para recuperar el control de todos los hidrocarburos.
–Usted apoyó la estatización de Aerolíneas Argentinas; sin embargo, algunos sectores de la oposición cuestionan a la actual administración estatal. ¿Eso perjudica el discurso que plantea que los servicios públicos deben estar en manos del Estado?
–Por supuesto. Las instituciones no son responsables de su conducción. Creo que no se está manejando debidamente. Es una lástima. El Congreso dijo que la renovación de la flota debía pasar por un plan aprobado por el Parlamento y eso ha sido reemplazado por la compra directa de aviones, sin licitación pública. Es vergonzoso que la Argentina de haber sido pionera en el Hemisferio Sur en la industria aeronáutica no haya contemplado la reactivación en serio de la producción aeronáutica y el área material Córdoba. En lugar de comprarle veinte aviones a Brasil, pagando un quince por ciento más de su valor, se podría haber hecho que se construyeran en nuestro país. Preocupa poco si el joven presidente Recalde pagó poco o mucho un pasaje o el charter que armó. Eso es como hablar de Redrado y no hablar de la deuda.
–Proyecto Sur se corrió del debate sobre si había que usar las reservas del Banco Central o no para el pago de la deuda externa y en su lugar planteó que había que investigar su origen. Desde el oficialismo y desde un sector de la oposición plantearon que esa es una discusión saldada. ¿Por qué usted cree que no?
–Quienes sostienen que es un tema saldado están hablando por boca de los bancos o son cómplices de esa gigantesca estafa. El debate sobre la ilegitimidad de la deuda no está saldado. Tan poco saldado está que quieren que sigamos pagando deuda. Una parte de la deuda está siendo investigada en tres causas de la Justicia Federal Penal, en el Juzgado Federal Nº 2 de la Capital Federal, a cargo del magistrado Martínez Giorgi. Por eso es inadmisible que a través del decreto 2.010, que lleva el hipócrita nombre de Fondo del Bicentenario, se quiera pagar deuda a los fondos buitres o holdouts. La deuda existe y está viva porque es un delito de acción continuada. En estos 26 años, hemos pagado algunas decenas de miles de millones de dólares de deuda indebida.
–El fallo del juez Jorge Ballestero del año 2000 en la causa Olmos concluyó que sólo una parte de la deuda era ilegítima. ¿La discusión no debería apuntar a que sólo se pague la deuda que es legítima?
–No hay que realizar ningún pago a aquellos acreedores que están siendo investigados en causas de la Justicia Federal Penal. De una vez por todas el Congreso debe auditar el conjunto de toda la deuda pública. Una comisión bicameral con un plazo de seis, siete u ochos meses, con técnicos y especialistas nacionales e internacionales, lejos de cualquier sospecha de tipo política. A la vez, esa comisión investigadora debería tener la supervisión de la Corte Internacional de La Haya. Nos oponemos a que se siga pagando deuda sin una auditoría previa y hay que cancelar el pago a toda la deuda que está siendo investigada. El juez Ballestero detectó 477 defraudaciones, una sentencia que nadie cuestionó. Que las autoridades del gobierno de De la Rúa y de Néstor Kirchner no hayan acatado esa resolución es un escándalo.
–La Presidenta dijo que la deuda es legítima y sostuvo que algunos hablan de ilegitimidad “como un eslogan electoral”. A su vez, el titular de la UCR, Ernesto Sanz, señaló que quienes plantean no pagar la deuda “no tienen ningún tipo de responsabilidad” y que “mientras más lejos están del poder, plantean cosas más irrazonables”. ¿Qué dice sobre eso?
–Esos son los discursos funcionales a los acreedores. Todo eso es falso. Buena parte de los países del mundo investigaron sus deudas. Hoy, el Parlamento brasileño está llevando una investigación de los últimos treinta años de la deuda pública. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, que no es ningún loquito, lo primero que hizo fue investigar la deuda pública.
–¿No piensa que el gobierno de Néstor Kirchner de algún modo reconoció como ilegítima una parte de la deuda al haber hecho una quita del 75 por ciento?
–Lo que los kirchneristas deberían haber hecho es acatar el fallo del juez Ballestero. ¿Qué hace un país cuando está en un pleito? Hecha mano a toda la jurisprudencia que más lo favorece, salvo los gobiernos argentinos.
–¿El desendeudamiento no ayuda a tener mayor independencia política?
–La deuda no es un problema de soberanía. ¿Por qué cayó tanto el nivel de vida de los argentinos en estos veintiséis años? ¿Por qué cayó la calidad de la educación, de la salud, del sistema social, del transporte y de los servicios públicos? Porque la mayor parte de lo que acumuló la Argentina se destinó para pagar deuda. En estos veintiséis años, hemos pagado cerca de 150 mil millones de dólares, a pesar de la mentira de Néstor Kirchner, que le hizo creer al pueblo argentino que pagándole al FMI 10.500 millones de dólares en 2005 y habiendo renegociado el quite de deuda, la deuda prácticamente se había acabado. Hoy, la Argentina debe más de 200 mil millones de dólares. El oficialismo se pone en víctima y nos dice que está frente a una especie de conspiración destituyente.
–¿Qué piensa sobre la “conspiración destituyente Clarín-Cobos-Redrado” que denunció el Gobierno?
–Que los males que está sufriendo el Gobierno por parte de sus socios políticos, como Redrado, que es alguien que viene del riñón del menemato y del establishment, o Cobos, que fue la pareja presidencial de Cristina, son errores del propio Gobierno. El gobierno de Néstor y el de Cristina Kirchner tuvieron mayoría en ambas cámaras, sin embargo fueron incapaces de modificar grandes leyes que vienen de la dictadura. Les digo esto a los que se llenan la boca diciendo que éste es un gobierno progresista y que está siendo acorralado por la derecha conservadora.
–¿Existe o no una intención de desestabilizar al Gobierno?
–Puede haberla o no, pero el gobierno de Kirchner tuvo todo el poder para acabar con la ley financiera y bancaria de Martínez de Hoz y hoy es víctima del estatuto de la Carta Orgánica del Banco Central de Cavallo. ¿Por qué no la bajó o modificó? ¿Por qué no modificaron el sistema impositivo? Kirchner es un gran farsante y un gran impostor. No fue capaz de bajar ni una de las leyes mineras del binomio Menem-Gioja. No impulsó la modificación de la legislación petrolera ni el sistema de las agroexportadoras.
–Usted pone en duda la conspiración que denuncia el Gobierno, sin embargo salió a criticar a Julio Cobos por su doble rol de vicepresidente y dirigente de la oposición.
–Desde el punto de vista ético, pienso que la posición de Cobos es insostenible. El hecho de que Cobos sea una de las cabezas de la oposición y al mismo tiempo forme parte del Gobierno es insostenible. Bajo el punto de vista constitucional, no ha sido nombrado como un ministro, lo eligió el voto ciudadano. Esto es un culebrón de la pareja presidencial. Cristina tiene que hacerse cargo de haber hecho pareja con un traidor. Cobos les pegó una cornada a los radicales y la naturaleza cobista terminó con una cornada a su pareja presidencial. Esto, como lo de Redrado, son problemas intestinos, quizás putrefactos. Es el culebrón estival.
–¿Por qué cree que el Gobierno sale a denunciar que lo quieren desestabilizar?
–Cuando se exageran estos temas, es porque se quiere ocultar el monstruo que devora los ahorros argentinos y el futuro de nuestra juventud. Se dice que no se quiere hablar del monstruo porque ya está instalado. Estará instalado en la vida de los radicales o del PRO. Acá hay una derecha conservadora que es socia de Néstor Kirchner, por ejemplo para votar la ley de apertura del canje de deuda en noviembre. A su vez, los kirchneristas le aprobaron al PRO el 70 por ciento de los proyectos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y del pico para afuera, el Gobierno hace creer que son los progresistas acosados por la derecha.
–¿Cuál será su principal prioridad para este año en el Congreso?
–El interbloque de 11 diputados tiene más de 80 proyectos de ley a presentar. Por ejemplo, queremos parar los despidos por 180 días, hay proyectos sobre políticas para las pymes y para las fábricas recuperadas, ley de entidades financieras, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, y proyectos que tienen que ver con la recuperación de los recursos naturales, y la creación de Petróleos de Argentina. Hay proyectos que hacen a la calidad institucional: el INDEC y el ANSES, que deben ser autónomos. Además, hay que terminar la reforma de la Ley de Radiodifusión para que el ente regulador sea absolutamente autónomo.
–Uno de los ejes de su campaña fue el problema de la minería, ¿qué proyecto tiene pensado presentar en relación con ese tema?
–Vamos a plantear la prohibición de la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas. Reemplazar la ley de inversiones mineras es fundamental. También vamos a trabajar para la reconstrucción de los ferrocarriles y proyectos que hacen a la defensa del medio ambiente.
–¿Hay consenso con el resto de la oposición o con el oficialismo en torno de algún proyecto en particular?
–Nos hemos propuesto discutir los grandes temas nacionales con las otras fuerzas políticas cercanas al movimiento de Proyecto Sur, pero todavía estamos en un nivel de acercamiento.
–¿Cuáles son esas otras fuerzas?
–El Partido Socialista; el Frente Cívico, de Luis Juez; y el GEN, de Margarita Stolbizer. Lejos de sostener que tenemos un Parlamento que ha girado a la derecha, estamos en un Parlamento más independiente y más progresista que el que tuvimos con los Kirchner.
–¿Hay alguna posibilidad de alianza electoral con esas fuerzas políticas?
–Cada cosa a su momento. La transformación de la Argentina no se puede realizar con un solo polo político. En noviembre vamos a definir nuestro plan político y definiremos en qué escenario político va a jugar mi candidatura.
–¿Y con Martín Sabbatella?
–En tanto Sabbatella siga pegado a las políticas neokirchneristas o kirchneristas es muy difícil. Pero él es un hombre talentoso que administró muy bien Morón.
–¿Con qué sectores no existe posibilidad de acuerdo?
–Nosotros venimos para enfrentar al bipartidismo. No es posible acordar ni con el PJ ni con la UCR.
–¿Y con la Coalición Cívica?
–Veremos. Es una fuerza de centro, que por momentos gira a la derecha y en otros a la izquierda.
–Durante la campaña electoral de junio de 2009, usted y Elisa Carrió se han pasado varias facturas...
–Entre un hombre y una mujer siempre hay chispazos. En el tango político argentino, algún pisotón siempre hay. No somos tan buenos bailarines. Creo que vamos a consensuar con la Coalición Cívica en la auditoría de la deuda pública, porque ellos son firmantes de la causa del megacanje.
–Usted declaró que le gustaría compartir una fórmula presidencial con Hermes Binner. ¿Cómo es su relación con el gobernador santafesino hoy?
–Muy buena, y vamos a tener con los socialistas el mismo punto de vista con relación a la deuda.
–Yo le hablo de alianzas electorales, no parlamentarias.
–Lo electoral lo iremos viendo este año.
–¿Va a ser candidato en la Ciudad, en la provincia de Buenos Aires, o se va a animar a disputar la presidencia de la Nación?
–No lo sé. No sabemos qué va a pasar en los próximos cinco meses.
–Le cambio la pregunta, ¿en qué lugar le gustaría ir como candidato en 2011?
–Nosotros nos venimos preparando para gobernar la Argentina. Soy el referente de este espacio, por lo tanto gobernar a nivel nacional es la meta. Pero si no podemos saltar 15 metros, porque no nos da, y podemos hacer un pie de seis metros, lo haremos. Después del 28 de junio, Proyecto Sur dejó de ser una fuerza testimonial. Nosotros nos preparamos para dos escenarios, el del gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es más, venimos trabajando con un gabinete en las sombras, tanto para lo nacional como para la Ciudad.
“Argentina necesita estatizar Telecom”
–¿Está de acuerdo con que el Gobierno estatice Telecom?
–Argentina necesita estatizar Telecom para tener una empresa testigo en las comunicaciones. Las comunicaciones son uno de los campos de desarrollo más espectaculares de estos años. Menem vendió hasta los postes, hay que recuperar eso y ser un contrapeso del desembarco de todos los grupos de comunicaciones.
–¿También habría que nacionalizar YPF?
–Todo eso hay que analizarlo. Si es negocio porque tenés las acciones regaladas, fenómeno; si no, creas una nueva empresa. Nosotros necesitamos una petrolera nacional para recuperar el control de todos los hidrocarburos.
–Usted apoyó la estatización de Aerolíneas Argentinas; sin embargo, algunos sectores de la oposición cuestionan a la actual administración estatal. ¿Eso perjudica el discurso que plantea que los servicios públicos deben estar en manos del Estado?
–Por supuesto. Las instituciones no son responsables de su conducción. Creo que no se está manejando debidamente. Es una lástima. El Congreso dijo que la renovación de la flota debía pasar por un plan aprobado por el Parlamento y eso ha sido reemplazado por la compra directa de aviones, sin licitación pública. Es vergonzoso que la Argentina de haber sido pionera en el Hemisferio Sur en la industria aeronáutica no haya contemplado la reactivación en serio de la producción aeronáutica y el área material Córdoba. En lugar de comprarle veinte aviones a Brasil, pagando un quince por ciento más de su valor, se podría haber hecho que se construyeran en nuestro país. Preocupa poco si el joven presidente Recalde pagó poco o mucho un pasaje o el charter que armó. Eso es como hablar de Redrado y no hablar de la deuda.
CRÍTICA DE LA ARGENTINA PREGUNTA
¿Qué debe hacer Argentina con la deuda externa?
El 53% de los lectores consideró que hay que pagar, pero luego de revisar la legimitidad de las cuentas. Sólo el 6% no quiere cancelarla.
El Gobierno de la presidente Cristina
Fernández de Kirchner intenta cancelar los vencimientos de la
deuda pública prevista para 2010 mediante el uso de las reservas
del Banco Central (BCRA). La medida se elevó al Poder
Legislativo mediante un DNU, pero el frente opositor que domina
en las Cámaras legislativas se mostró en contra de esa
resolución.
Aunque la mandataria
reclamó a la oposición vías alternativas para saldar esa deuda,
la mayoría de los lectores de Crítica de la Argentina
consideró que lo mejor que puede hacerse es revisar las cuentas
antes de pagar.
Así, el 53% de los votantes (3.397 lectores) coincidió con el
pronunciamiento del diputado Fernando “Pino” Solanas y de su
bloque Proyecto Sur, que estipula la necesaria revisión de la
legitimidad de la deuda externa, abrir una auditoría para
determinar qué es lícito y qué es ilícito en esas obligaciones
contraídas con acreedores internacionales.
El acuerdo a pagar con las reservas ocupa el segundo lugar en la
encuesta con un 31% (1968). Esa opción se sigue con la moción de
aplicar un ajuste y saldar la deuda con superávit, que sumó el
11% (683).
Finalmente, no pagar, con el 6% (384), quedó en el último
escalafón. Parece ser que la mayoría de los lectores quiere
cancelar la deuda que Argentina mantiene con el mundo.
Ideas en cubiertas: el libro político de la semana
La lupa sobre el origen de la deuda
Alejandro Olmos Gaona tomó el legado de su padre y avanzó en
la investigación sobre los créditos fraudulentos, que publicó
bajo el título de La deuda odiosa, donde cuenta quiénes fueron
los beneficiarios.
Rodolfo González Arzac y Andrés Fidanza
27.02.2010
Diez años atrás, Alejandro Olmos Gaona se vio en una
encrucijada: su padre había muerto y su trabajo de 18
años investigando –y denunciando– el procedimiento de
endeudamiento externo argentino podía desvanecerse. Así
que a los 53 años decidió cambiar de vida. Dejó sus
viejas tareas, se presentó en varios tribunales para
ampliar las denuncias de su padre, continuó con las
investigaciones y en 2007 fue designado asesor del
presidente de Ecuador, Rafael Correa, para auditar la
deuda de ese país. Olmos Gaona, por estos días teñidos
del Fondo de Bicentenario, propone repetir esa
experiencia en la Argentina.
–Usted rechaza el discurso de que no hay que pagar la deuda, que no se puede o que sólo se pagará con una quita. ¿Por qué?
–Decir no hay que pagar la deuda es un eslogan. Y uno no puede decir “no hay que pagar la deuda” sin saber que hay tramos que hay que pagar. Por eso, hace unos días le mandé una carta a la Presidenta de la Nación, cuando dijo que la deuda ya estaba legitimada, haciéndole ver que como abogada no podía decir semejante barbaridad.
–¿Por legitimarla?
–Lo que es ilegal no puede ser legalizado por ningún Congreso, ni por ningún Poder Ejecutivo ni por ninguna ley de Presupuesto. Segundo, porque el Gobierno no puede refinanciar ni reestructurar una deuda que, en este momento, está siendo investigada a través de tres procesos penales en la justicia federal. Hay que hacer una auditoría de la deuda pública desde el 76 hasta hoy para ver cuánto se pagó, qué es lo que no se pagó, qué es lo que se debe y qué no. Porque hay otra situación: casi la mitad de la deuda externa de hoy es deuda privada estatizada.
–Si se piensa en los lugares comunes que pueblan el asunto, puede decirse que hay algo clave a la hora de hablar de deuda externa. Y usted lo dice, citando a Raúl Scalabrini Ortiz: “Es preciso exigirse una virginidad mental a toda costa”.
–De ahí surge el tema de lo difícil. Si uno al cuestionar la deuda cuestiona a Martínez de Hoz, a Cavallo, a Lavagna, bueno. Pero el problema es cuestionar no sólo a los que intervinieron sino también a los diputados que no hicieron nada, a los senadores que no hicieron nada y a toda la estructura empresaria argentina que se vio beneficiada.
–La llamada opinión pública también tiene su culpa. Repitió una y mil veces aquello de que las empresas estatales daban pérdida porque estaban mal administradas, cuando hay pruebas de que fueron endeudadas y nunca vieron el dinero. Y todo eso sirvió para respaldar la política de privatizaciones.
–Claro. Y además el problema es que la denuncia apunta al corazón financiero. Cuando tuve que presentar los resultados de la auditoría, a pedido del presidente Correa, cuando terminó el acto, a las cinco horas exactas tenía un mail del principal abogado del Chase Morgan, dos o tres horas después un llamado telefónico para decirme “cómo se arreglaba esto”. El problema no era la deuda ecuatoriana susceptible de ser impugnada, de unos 3.500 millones de dólares; el problema era mostrar por primera vez contratos secretos, maniobras, extorsiones, la complicidad del Fondo, cómo había violado el Fondo su propio reglamento, etcétera. Ésa es la dificultad aquí. En este momento, excepto los diputados del interbloque de Proyecto Sur, todos están de acuerdo en pagar la deuda.
–Uno de los problemas es cómo resolver las posibles represalias, porque enfrente están quienes tienen la llave del financiamiento posible para el país.
–La inversión extranjera siempre ha sido mínima en el país. Y una cosa son operaciones financieras normales y otra cosa son operaciones financieras delictivas. Por eso, los acreedores no quieren que esto vaya a ningún tribunal internacional: porque no es lo mismo un préstamo a tasas de interés convencionales con cláusulas normales que un préstamo en el que las cláusulas violan la ley del país y aun la ley de los acreedores.
–El ejemplo que usted da de eso en la deuda argentina es cuando las tasas pasaron de un 3% al 22 por ciento.
–Fue cuando el Banco de la Reserva General de Estados Unidos aumentó la tasa de interés, y eso incrementó nuestra tasa y nuestra deuda en la misma proporción. También hay cláusulas que la gente ignora. Nadie se ha tomado el trabajo de ir a ver un contrato de deuda pública al Ministerio de Economía. En Ecuador, había cláusulas en las que se ponía que si lo que estaba firmando era ilegal, el gobierno renunciaba a cualquier acción.
De Cuba al caso Swift
Cuando decidió hacerse cargo del legado de su padre, Alejandro Olmos Gaona empezó a investigar sobre doctrinas jurídicas, laberintos legales, experiencias exitosas y no tanto vinculadas a las deudas de los Estados. Y encontró una experiencia que le pareció singular, poco visitada, pero clave.
La deuda odiosa, el libro que editó Peña Lillo, centra el relato en una vieja doctrina usada por Estados Unidos en 1898 para negarse a pagar la deuda cubana luego del Tratado de París, que puso a la isla del Caribe bajo protectorado norteamericano.
Olmos Gaona cree que, además de esa doctrina, la Argentina debería basar sus acciones a futuro, cuestionando la deuda, usando el fallo del doctor Salvador María Lozada cuando decretó la quiebra de Swift, haciéndola extensiva a su sociedad controlante, Deltec.
Es decir, que debería adoptar un enfoque jurídico –como lo hacen los acreedores tantas veces– para librar al Estado nacional de una deuda que, como ya dictaminó la justicia argentina, es “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”.
–Usted rechaza el discurso de que no hay que pagar la deuda, que no se puede o que sólo se pagará con una quita. ¿Por qué?
–Decir no hay que pagar la deuda es un eslogan. Y uno no puede decir “no hay que pagar la deuda” sin saber que hay tramos que hay que pagar. Por eso, hace unos días le mandé una carta a la Presidenta de la Nación, cuando dijo que la deuda ya estaba legitimada, haciéndole ver que como abogada no podía decir semejante barbaridad.
–¿Por legitimarla?
–Lo que es ilegal no puede ser legalizado por ningún Congreso, ni por ningún Poder Ejecutivo ni por ninguna ley de Presupuesto. Segundo, porque el Gobierno no puede refinanciar ni reestructurar una deuda que, en este momento, está siendo investigada a través de tres procesos penales en la justicia federal. Hay que hacer una auditoría de la deuda pública desde el 76 hasta hoy para ver cuánto se pagó, qué es lo que no se pagó, qué es lo que se debe y qué no. Porque hay otra situación: casi la mitad de la deuda externa de hoy es deuda privada estatizada.
–Si se piensa en los lugares comunes que pueblan el asunto, puede decirse que hay algo clave a la hora de hablar de deuda externa. Y usted lo dice, citando a Raúl Scalabrini Ortiz: “Es preciso exigirse una virginidad mental a toda costa”.
–De ahí surge el tema de lo difícil. Si uno al cuestionar la deuda cuestiona a Martínez de Hoz, a Cavallo, a Lavagna, bueno. Pero el problema es cuestionar no sólo a los que intervinieron sino también a los diputados que no hicieron nada, a los senadores que no hicieron nada y a toda la estructura empresaria argentina que se vio beneficiada.
–La llamada opinión pública también tiene su culpa. Repitió una y mil veces aquello de que las empresas estatales daban pérdida porque estaban mal administradas, cuando hay pruebas de que fueron endeudadas y nunca vieron el dinero. Y todo eso sirvió para respaldar la política de privatizaciones.
–Claro. Y además el problema es que la denuncia apunta al corazón financiero. Cuando tuve que presentar los resultados de la auditoría, a pedido del presidente Correa, cuando terminó el acto, a las cinco horas exactas tenía un mail del principal abogado del Chase Morgan, dos o tres horas después un llamado telefónico para decirme “cómo se arreglaba esto”. El problema no era la deuda ecuatoriana susceptible de ser impugnada, de unos 3.500 millones de dólares; el problema era mostrar por primera vez contratos secretos, maniobras, extorsiones, la complicidad del Fondo, cómo había violado el Fondo su propio reglamento, etcétera. Ésa es la dificultad aquí. En este momento, excepto los diputados del interbloque de Proyecto Sur, todos están de acuerdo en pagar la deuda.
–Uno de los problemas es cómo resolver las posibles represalias, porque enfrente están quienes tienen la llave del financiamiento posible para el país.
–La inversión extranjera siempre ha sido mínima en el país. Y una cosa son operaciones financieras normales y otra cosa son operaciones financieras delictivas. Por eso, los acreedores no quieren que esto vaya a ningún tribunal internacional: porque no es lo mismo un préstamo a tasas de interés convencionales con cláusulas normales que un préstamo en el que las cláusulas violan la ley del país y aun la ley de los acreedores.
–El ejemplo que usted da de eso en la deuda argentina es cuando las tasas pasaron de un 3% al 22 por ciento.
–Fue cuando el Banco de la Reserva General de Estados Unidos aumentó la tasa de interés, y eso incrementó nuestra tasa y nuestra deuda en la misma proporción. También hay cláusulas que la gente ignora. Nadie se ha tomado el trabajo de ir a ver un contrato de deuda pública al Ministerio de Economía. En Ecuador, había cláusulas en las que se ponía que si lo que estaba firmando era ilegal, el gobierno renunciaba a cualquier acción.
De Cuba al caso Swift
Cuando decidió hacerse cargo del legado de su padre, Alejandro Olmos Gaona empezó a investigar sobre doctrinas jurídicas, laberintos legales, experiencias exitosas y no tanto vinculadas a las deudas de los Estados. Y encontró una experiencia que le pareció singular, poco visitada, pero clave.
La deuda odiosa, el libro que editó Peña Lillo, centra el relato en una vieja doctrina usada por Estados Unidos en 1898 para negarse a pagar la deuda cubana luego del Tratado de París, que puso a la isla del Caribe bajo protectorado norteamericano.
Olmos Gaona cree que, además de esa doctrina, la Argentina debería basar sus acciones a futuro, cuestionando la deuda, usando el fallo del doctor Salvador María Lozada cuando decretó la quiebra de Swift, haciéndola extensiva a su sociedad controlante, Deltec.
Es decir, que debería adoptar un enfoque jurídico –como lo hacen los acreedores tantas veces– para librar al Estado nacional de una deuda que, como ya dictaminó la justicia argentina, es “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”.
proponen una comisión que estudie los pagos ilegítimos 15.03.2010
Una bicameral para no pagar toda la deuda
La iniciativa es del partido Proyecto Sur y está respaldada por el SI y por el GEN de Margarita Stolbizer. Propone crear un cuerpo especial de 24 legisladores que estudie la composición del endeudamiento y mecanismos para evitar juicios por la suspensión de pagos.
Mientras el Gobierno y el grueso
de la oposición siguen dando su
batalla para ver de qué manera
les pagan la deuda a los
acreedores privados, diez
diputados presentaron un
proyecto para suspender los
pagos hasta tanto se determine
qué se le debe y a quién. El
planteo, liderado por Fernando
Solanas y acompañado, entre
otros, por Margarita Stolbizer,
Miguel Bonasso, Claudio Lozano y
Eduardo Macaluse, se basa en las
distintas resoluciones
judiciales que observaron graves
irregularidades en el proceso de
endeudamiento.
Los diputados pretenden que se conforme una comisión bicameral con 24 representantes. Que, en un plazo de 12 meses, elabore un informe final que puntualice actos ilegales, ilícitos e irregularidades en el proceso de endeudamiento desde el 24 de marzo de 1976 hasta la última reestructuración ordenada por Néstor Kirchner en 2005.
“Tomamos en cuenta la experiencia del Parlamento de Brasil, que hoy está investigando la deuda de sus últimos 30 años. Y el caso de Ecuador, que no fue parlamentario. Nuestra idea es no sólo mirar el pasado sino también el presente y el futuro”, explicó Claudio Lozano a Crítica de la Argentina.
La investigación, según se prevé, arrancaría con el voluminoso trabajo que provocó Alejandro Olmos en su denuncia contra Alfredo Martínez de Hoz (que acabó en un fallo del juez Jorge Ballestero en el año 2000) y otras tres causas aún abiertas y en etapa de investigación.
“A los efectos de evitar cualquier acción por parte de los acreedores, ante la suspensión de tales pagos, el Estado nacional consignará, a cuenta de lo que debería pagar durante el transcurso de la presente investigación, todas las sumas que sean necesarias en el banco que oportunamente se designe, sin que ello implique en ningún caso reconocimiento de derecho alguno a favor de los acreedores”, dice el artículo cinco. Con esa redacción, los legisladores pretenden marcar una diferencia con el default que declaró Adolfo Rodríguez Saá en su breve presidencia, y que podría sintetizarse en “sólo se pagará lo que realmente se debe”.
En los fundamentos del proyecto, los diputados destacan el fallo de la causa Olmos, que en su momento fue remitido al Congreso y que, sin embargo, desde entonces convive con el polvo. En ese fallo, Ballestero determinó que no existen registros contables de la deuda; destacó la “manifiesta arbitrariedad” de los máximos responsables políticos y económicos, y también directivos de empresas, organismos públicos y privados, y señaló el proceso por el cual importantes compañías pagaron sus deudas con los fondos del Tesoro.
Los legisladores añaden que, luego, todos los créditos solicitados por el gobierno argentino al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a otros bancos del exterior fueron al solo efecto de refinanciar la deuda contraída durante la dictadura militar, declarada “ilícita” por Ballestero.
La iniciativa destaca que es el Congreso de la Nación el que debe, como manda la Constitución Nacional, celebrar empréstitos y arreglar la deuda exterior. Y, al pasar, apunta un dato que describe la atención que se le presta al tema.
En el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número dos, están radicadas las tres causas que actualmente indagan sobre el proceso de endeudamiento. La tarea gigantesca recae sobre la pobre espalda de un único funcionario judicial, sin ningún tipo de colaboración.
Los diputados pretenden que se conforme una comisión bicameral con 24 representantes. Que, en un plazo de 12 meses, elabore un informe final que puntualice actos ilegales, ilícitos e irregularidades en el proceso de endeudamiento desde el 24 de marzo de 1976 hasta la última reestructuración ordenada por Néstor Kirchner en 2005.
“Tomamos en cuenta la experiencia del Parlamento de Brasil, que hoy está investigando la deuda de sus últimos 30 años. Y el caso de Ecuador, que no fue parlamentario. Nuestra idea es no sólo mirar el pasado sino también el presente y el futuro”, explicó Claudio Lozano a Crítica de la Argentina.
La investigación, según se prevé, arrancaría con el voluminoso trabajo que provocó Alejandro Olmos en su denuncia contra Alfredo Martínez de Hoz (que acabó en un fallo del juez Jorge Ballestero en el año 2000) y otras tres causas aún abiertas y en etapa de investigación.
“A los efectos de evitar cualquier acción por parte de los acreedores, ante la suspensión de tales pagos, el Estado nacional consignará, a cuenta de lo que debería pagar durante el transcurso de la presente investigación, todas las sumas que sean necesarias en el banco que oportunamente se designe, sin que ello implique en ningún caso reconocimiento de derecho alguno a favor de los acreedores”, dice el artículo cinco. Con esa redacción, los legisladores pretenden marcar una diferencia con el default que declaró Adolfo Rodríguez Saá en su breve presidencia, y que podría sintetizarse en “sólo se pagará lo que realmente se debe”.
En los fundamentos del proyecto, los diputados destacan el fallo de la causa Olmos, que en su momento fue remitido al Congreso y que, sin embargo, desde entonces convive con el polvo. En ese fallo, Ballestero determinó que no existen registros contables de la deuda; destacó la “manifiesta arbitrariedad” de los máximos responsables políticos y económicos, y también directivos de empresas, organismos públicos y privados, y señaló el proceso por el cual importantes compañías pagaron sus deudas con los fondos del Tesoro.
Los legisladores añaden que, luego, todos los créditos solicitados por el gobierno argentino al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a otros bancos del exterior fueron al solo efecto de refinanciar la deuda contraída durante la dictadura militar, declarada “ilícita” por Ballestero.
La iniciativa destaca que es el Congreso de la Nación el que debe, como manda la Constitución Nacional, celebrar empréstitos y arreglar la deuda exterior. Y, al pasar, apunta un dato que describe la atención que se le presta al tema.
En el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número dos, están radicadas las tres causas que actualmente indagan sobre el proceso de endeudamiento. La tarea gigantesca recae sobre la pobre espalda de un único funcionario judicial, sin ningún tipo de colaboración.
Perpetradores y beneficiarios del Golpe
La dictadura significó un maridaje entre las Fuerzas Armadas nacionalistas y los grupos empresariales concentrados. Los militares recibieron condena judicial y social pero el esquema económico continúa.
Sergio
Wischñevsky*
24.03.2010
DIARIO
CRITICA
A 34 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar, y en pleno proceso de enjuiciamiento a los perpetradores del horror, queda aún pendiente posar la mirada sobre quienes fueron los beneficiarios. Las declaraciones del ex jefe de Inteligencia de la ESMA Jorge Acosta, en las que explicó que “el gran problema fue dejar gente viva”, fueron sin dudas irritantes pero a la vez caricaturescas. Muestran una y otra vez la naturaleza de un grupo de militares entrenados para matar, aleccionados en la doctrina de la Seguridad Nacional en la Escuela de las Américas, o en la Escuela Superior de Guerra de Francia, cuna de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. Fueron educados en una época que redefinió el rol de los ejércitos latinoamericanos en función de hipótesis de enemigos internos considerados subversivos o comunistas, en base a los intereses y presiones de Estados Unidos durante la guerra fría, quien les proveyó armamentos para tales fines al tiempo que bloqueó todo desarrollo para guerras convencionales.
Si bien es cierto que el proceso de enjuiciamiento a los militares tiene enormes falencias, por otro lado es indiscutible que la Argentina es, por lejos, el país que más ha avanzado en investigar y hacer justicia en el contexto latinoamericano. Pero sólo en el discurso de estos vetustos genocidas puede tener sentido entender el golpe de 1976 motivado por la lucha anticomunista. Esta vía discursiva esconde la actuación civil de aquella época y el hecho de que aquellos sucesos arrojaron claros beneficiarios, que no están aún en la picota.
La cacería. Para marzo de 1976 las agrupaciones armadas ya estaban derrotadas o en franca retirada. Los principales sindicatos independientes y los liderazgos disidentes fueron eliminados: René Salamanca, del SMATA; Agustín Tosco, de Luz y Fuerza; Raimundo Ongaro, del sindicato gráfico, y Julio Guillán, máximo dirigente de los telefónicos, se encontraban en retroceso. Quienes no tenían ya intervenidas sus organizaciones muy pronto pasarían por esa experiencia. Las huelgas masivas de la dirigencia de la CGT constituyeron acciones defensivas para cuidar el salario frente a la descontrolada inflación. El gobierno de Isabel Perón pudo haber sido calificado de muchas maneras, pero sin duda no fue un refugio de comunistas.
No hay ningún elemento concreto que muestre una escalada revolucionaria en la Argentina previa al golpe, sino más bien todo lo contrario. La toma del poder por parte de los militares, lejos de desatar la resistencia popular, fue vista como la crónica de una muerte anunciada. Claro está, muy pocos sabían lo que se venía. El secretario general de la CGT, Casildo Herrera, anunció desde Montevideo y sin tapujos: “Me borré”. El Congreso de la Nación, a diferencia de otros golpes anteriores en los que algunos legisladores mostraron algún ánimo de resistencia, dejó a los militares que lo intervinieron solos con el eco de sus botas como única compañía. Algunos diputados, incluso, previsores, días antes habían pedido por anticipado el pago de sus dietas.
No hubo guerra civil: el 62% de los detenidos desaparecidos fueron capturados en sus casas, lo que pone de manifiesto que más bien se trató de una cacería. No de una guerra, como quiso (y quiere) instalar cierto sector ligado a los militares.
Pero sin peligro comunista y casi sin resistencia ¿qué es lo que vino a instalar la dictadura más sangrienta de nuestra ya de por sí violenta bicentenaria historia? ¿Quiénes se beneficiaron?
En 1975 se publicó un estudio que resultaría muy influyente y que dio la tónica a los tiempos por venir. Había sido encargado por la Comisión Trilateral (integrada por varios de los más poderosos grupos económicos del mundo). Allí se quejaban de lo que llamaban “un exceso de democracia”, que había conducido a una “igualdad inaceptable” en detrimento de la gobernabilidad y la factibilidad de los negocios, y por ello diagnosticaban que se imponía recuperar la autoridad y realizar los ajustes económicos necesarios. Éste será el discurso de una naciente derecha mundial.
En la Argentina, un exótico y complejo maridaje se concretó entre las Fuerzas Armadas, con sus ideologías nacionalistas, por un lado, y los más encumbrados y concentrados grupos empresariales nacionales y extranjeros, con sus ideas liberales. La astucia del planteo del liberalismo económico consistió en convencer a las Fuerzas Armadas de que el esquema político-institucional que procuraban reemplazar estaba ligado estrechamente al ordenamiento económico que le daba sustento. El plan económico fue justificado en tanto atendía, de ese modo, más que a objetivos económicos, a los objetivos políticos del proyecto de transformación de las Fuerzas Armadas.
La idea de esta unión tuvo pretensiones de largo aliento. Nada más y nada menos que fundar una nueva Argentina, pero para ello era necesario no sólo eliminar a los grupos políticos que se opusieran sino las condiciones económico sociales existentes.
Todos para uno. Una apreciación del programa económico no puede sino enfatizar su crudo carácter clasista. Más allá del enorme beneficio que significó el enorme endeudamiento protagonizado por algunas grandes empresas, del que finalmente se hace cargo el Estado, lo que está en juego es un cambio estructural. Los salarios nominales fueron congelados en medio de un proceso inflacionario agudo facilitado por la liberalización generalizada de los precios. El salario de los trabajadores sufrió la caída más brutal que se registre. Si tomamos a 1975 como base 100 tenemos que para 1978 se ubica en 53,9.
Otro tanto ocurre con la ocupación que no para de caer durante todo el período de gobierno militar. Por ello no es casual que más del 50% de los desaparecidos sean trabajadores asalariados. Las acciones militares en las fábricas y la desaparición de delegados gremiales fue una constante ampliamente comprobada.
En el conjunto, los precios agropecuarios fueron exceptuados de las retenciones a la exportación y alentados por el incremento de la tasa de cambio, lo que trajo como consecuencia que subieron por encima de los restantes precios. Entretanto, una intensísima especulación en títulos públicos produjo una enorme transferencia de riquezas desde los ahorristas de las clases medias a las empresas y grupos financieros.
Los beneficiarios de estas políticas supieron acompañar y agradecer. El propio ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, había sido hasta 1976 presidente de Acindar y representante de la emblemática APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias) que estaba conformada por la CEA (Consejo Empresario Argentino), la Sociedad Rural, Carbap, la Cámara de la Construcción, la de Comercio, la de grandes tiendas, las cámaras de importadores y exportadores, la de supermercados y las cámaras de bancos. Su programa de acción planteaba “la supresión directa de todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad y dificultan la comercialización, entre otras, las leyes de contrato de trabajo, control de precios y horarios de comercio”.
El impulso decisivo al golpe lo protagonizan el 16 de febrero de 1976, en el que declaran un paro patronal que recibe un apoyo masivo y paraliza el país. Su último acto antes de disolverse fue la publicación de una solicitada aparecida el 24 de marzo de 1977, en la que felicitan al gobierno por el rumbo encarado y los logros conseguidos.
La Argentina que emergió con el fin de la dictadura fue más pobre, más desigual y más condicionada. Los militares perpetradores no son hoy una alternativa de poder real y tienen sobre sí la condena de la mayoría de la población, más allá de las declaraciones de algún político trasnochado. Pero el esquema de relaciones sociales y económicas que emergió después de los años de plomo ha logrado escapar a la condena y se ha naturalizado. Lo bueno de los aniversarios es que son una oportunidad para escaparnos un poco de las chicanas políticas de cada día y plantear los debates profundos que nos debemos.
*Historiador profesor de la UBA
Si bien es cierto que el proceso de enjuiciamiento a los militares tiene enormes falencias, por otro lado es indiscutible que la Argentina es, por lejos, el país que más ha avanzado en investigar y hacer justicia en el contexto latinoamericano. Pero sólo en el discurso de estos vetustos genocidas puede tener sentido entender el golpe de 1976 motivado por la lucha anticomunista. Esta vía discursiva esconde la actuación civil de aquella época y el hecho de que aquellos sucesos arrojaron claros beneficiarios, que no están aún en la picota.
La cacería. Para marzo de 1976 las agrupaciones armadas ya estaban derrotadas o en franca retirada. Los principales sindicatos independientes y los liderazgos disidentes fueron eliminados: René Salamanca, del SMATA; Agustín Tosco, de Luz y Fuerza; Raimundo Ongaro, del sindicato gráfico, y Julio Guillán, máximo dirigente de los telefónicos, se encontraban en retroceso. Quienes no tenían ya intervenidas sus organizaciones muy pronto pasarían por esa experiencia. Las huelgas masivas de la dirigencia de la CGT constituyeron acciones defensivas para cuidar el salario frente a la descontrolada inflación. El gobierno de Isabel Perón pudo haber sido calificado de muchas maneras, pero sin duda no fue un refugio de comunistas.
No hay ningún elemento concreto que muestre una escalada revolucionaria en la Argentina previa al golpe, sino más bien todo lo contrario. La toma del poder por parte de los militares, lejos de desatar la resistencia popular, fue vista como la crónica de una muerte anunciada. Claro está, muy pocos sabían lo que se venía. El secretario general de la CGT, Casildo Herrera, anunció desde Montevideo y sin tapujos: “Me borré”. El Congreso de la Nación, a diferencia de otros golpes anteriores en los que algunos legisladores mostraron algún ánimo de resistencia, dejó a los militares que lo intervinieron solos con el eco de sus botas como única compañía. Algunos diputados, incluso, previsores, días antes habían pedido por anticipado el pago de sus dietas.
No hubo guerra civil: el 62% de los detenidos desaparecidos fueron capturados en sus casas, lo que pone de manifiesto que más bien se trató de una cacería. No de una guerra, como quiso (y quiere) instalar cierto sector ligado a los militares.
Pero sin peligro comunista y casi sin resistencia ¿qué es lo que vino a instalar la dictadura más sangrienta de nuestra ya de por sí violenta bicentenaria historia? ¿Quiénes se beneficiaron?
En 1975 se publicó un estudio que resultaría muy influyente y que dio la tónica a los tiempos por venir. Había sido encargado por la Comisión Trilateral (integrada por varios de los más poderosos grupos económicos del mundo). Allí se quejaban de lo que llamaban “un exceso de democracia”, que había conducido a una “igualdad inaceptable” en detrimento de la gobernabilidad y la factibilidad de los negocios, y por ello diagnosticaban que se imponía recuperar la autoridad y realizar los ajustes económicos necesarios. Éste será el discurso de una naciente derecha mundial.
En la Argentina, un exótico y complejo maridaje se concretó entre las Fuerzas Armadas, con sus ideologías nacionalistas, por un lado, y los más encumbrados y concentrados grupos empresariales nacionales y extranjeros, con sus ideas liberales. La astucia del planteo del liberalismo económico consistió en convencer a las Fuerzas Armadas de que el esquema político-institucional que procuraban reemplazar estaba ligado estrechamente al ordenamiento económico que le daba sustento. El plan económico fue justificado en tanto atendía, de ese modo, más que a objetivos económicos, a los objetivos políticos del proyecto de transformación de las Fuerzas Armadas.
La idea de esta unión tuvo pretensiones de largo aliento. Nada más y nada menos que fundar una nueva Argentina, pero para ello era necesario no sólo eliminar a los grupos políticos que se opusieran sino las condiciones económico sociales existentes.
Todos para uno. Una apreciación del programa económico no puede sino enfatizar su crudo carácter clasista. Más allá del enorme beneficio que significó el enorme endeudamiento protagonizado por algunas grandes empresas, del que finalmente se hace cargo el Estado, lo que está en juego es un cambio estructural. Los salarios nominales fueron congelados en medio de un proceso inflacionario agudo facilitado por la liberalización generalizada de los precios. El salario de los trabajadores sufrió la caída más brutal que se registre. Si tomamos a 1975 como base 100 tenemos que para 1978 se ubica en 53,9.
Otro tanto ocurre con la ocupación que no para de caer durante todo el período de gobierno militar. Por ello no es casual que más del 50% de los desaparecidos sean trabajadores asalariados. Las acciones militares en las fábricas y la desaparición de delegados gremiales fue una constante ampliamente comprobada.
En el conjunto, los precios agropecuarios fueron exceptuados de las retenciones a la exportación y alentados por el incremento de la tasa de cambio, lo que trajo como consecuencia que subieron por encima de los restantes precios. Entretanto, una intensísima especulación en títulos públicos produjo una enorme transferencia de riquezas desde los ahorristas de las clases medias a las empresas y grupos financieros.
Los beneficiarios de estas políticas supieron acompañar y agradecer. El propio ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, había sido hasta 1976 presidente de Acindar y representante de la emblemática APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias) que estaba conformada por la CEA (Consejo Empresario Argentino), la Sociedad Rural, Carbap, la Cámara de la Construcción, la de Comercio, la de grandes tiendas, las cámaras de importadores y exportadores, la de supermercados y las cámaras de bancos. Su programa de acción planteaba “la supresión directa de todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad y dificultan la comercialización, entre otras, las leyes de contrato de trabajo, control de precios y horarios de comercio”.
El impulso decisivo al golpe lo protagonizan el 16 de febrero de 1976, en el que declaran un paro patronal que recibe un apoyo masivo y paraliza el país. Su último acto antes de disolverse fue la publicación de una solicitada aparecida el 24 de marzo de 1977, en la que felicitan al gobierno por el rumbo encarado y los logros conseguidos.
La Argentina que emergió con el fin de la dictadura fue más pobre, más desigual y más condicionada. Los militares perpetradores no son hoy una alternativa de poder real y tienen sobre sí la condena de la mayoría de la población, más allá de las declaraciones de algún político trasnochado. Pero el esquema de relaciones sociales y económicas que emergió después de los años de plomo ha logrado escapar a la condena y se ha naturalizado. Lo bueno de los aniversarios es que son una oportunidad para escaparnos un poco de las chicanas políticas de cada día y plantear los debates profundos que nos debemos.
*Historiador profesor de la UBA
