Por Mariano Grondona | LA NACION
La palabra bóveda siempre tuvo un carácter sacro, casi religioso. En las bóvedas, al fin y al cabo, enterrábamos a nuestros muertos antes de que cundiera la moda reciente de acogerlos, simplemente, bajo la tierra. Por eso palabras como "cripta" e incluso "tumba" se acercan a la significación tradicional de "bóveda" en cuanto nos conectan con todo aquello que tenemos por sagrado, por digno de respeto. No por nada hasta los vestigios más antiguos de la prehistoria se vinculan con la forma en que nuestros antepasados enterraban a sus muertos.
Por eso ha tenido tanto impacto el rumor según el cual el ex presidente Kirchner se inclinaba por atesorar su fortuna en bóvedas que culminaban en su propia tumba, lejos de la curiosidad, malsana o no, de los demás. En mayor o menor grado, el dinero nos atrae. Es lógico, por cierto, que nos atraiga como un medio para asegurar fines lícitos cuales serían, por ejemplo, alimentar a nuestra familia o proveer a las necesidades de nuestros negocios y empresas. Pero en algún punto el atesoramiento, hasta aquí aceptable, se convirtió en un exceso que dio lugar a los famosos versos de Quevedo: "Madre, ante el oro yo me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo".
El amor desordenado al dinero está estrechamente ligado a otro vicio afín, el de la corrupción , que aqueja al administrador infiel cuando éste, en vez de manejar con recta intención los recursos ajenos que le han sido confiados, los desvía en su propio beneficio. Cuando un administrador infiel actúa de este modo, falta a la confianza que en él había depositado su mandante. Cuando la corrupción llega a este nivel, la llamamos habitualmente "abuso de confianza" y afecta en principio sólo a dos personas, la que confió y la que abusó, pero también tiene un efecto contagio , en cuanto tienta a los que están mirando a imitar al transgresor.
El "efecto contagio" es peligroso. Quienes se ven atraídos por él, padecen según la doctrina el síndrome del pasajero gratis , de aquél que espera lograr algo sin dar nada, o poco, a cambio.
¿Quién no se ha sentido tentado alguna vez por una expectativa como ésta? Por lo pronto, todos tendemos a sobrevalorar lo que ofrecemos, y esta tendencia, después de todo, es simplemente humana. Sólo las almas nobles podrían acercarse al ideal de que nos mirásemos en nuestro interior como lo haría un espectador imparcial, un ideal que concibió Adam Smith en La teoría de los sentimientos morales , en la segunda mitad del siglo XVIII.
Sería demasiado pretencioso sostener, en este sentido, que siempre o casi siempre estamos a la altura de nuestros ideales morales. Si la Biblia hace notar que hasta el justo cae siete veces al día, ¿quién tendría la arrogancia de afirmar que no se halla lejos de la perfección? Lo que se puede suponer, en cambio, es que los defectos morales que acechan a los seres humanos son habitualmente cuantiosos y, si no irresistibles, al menos poderosos. Pero también habría que suponer que la lucha por superarlos no ha sido en vano.
Más realista aún sería suponer que, desde la cima de ideales quizás inalcanzables, acechan escalonadas otras simas de degradación, lamentablemente a nuestro alcance. Cuando el administrador infiel burla la confianza que en él había depositado su mandante, todavía le quedan otras instancias aún más bajas adonde descender.
Acabamos de describir la actitud del administrador infiel como un acto singular de corrupción a costa de su mandante. ¿Qué pasa, en cambio, cuando otros actos similares se multiplican en razón del "efecto contagio"? ¿Y qué pasaría, además, si estos otros actos similares llegaran a hacerse "habituales" y por lo tanto "previsibles"? Que ya no estaríamos sólo frente a una sucesión más o menos numerosa de "actos" de corrupción sino frente a algo enteramente distinto. Es la diferencia entre "actos" de corrupción más o menos frecuentes y hasta cierto punto inevitables, porque así es la condición humana, y lo que podríamos denominar un estado de corrupción , cuando los actos de corrupción que padece una sociedad se han vuelto tan habituales que ya no nos sorprenden. Esta es la distancia que media entre algunas hormigas, aunque sean muchas, y un verdadero hormiguero invadiendo el parque.
Si un país pasa de la proliferación de los "actos de corrupción" a un verdadero "estado de corrupción", que aparece por doquier, su mal obviamente es más grave. El síntoma típico de este agravamiento queda a la vista cuando sus manifestaciones ya no sorprenden a nadie. Muchos argentinos lamentan nuestro estado de corrupción. Son pocos los que todavía se asombran frente a él. Temen, con razón, que los tomen por ingenuos.
Las recientes revelaciones por el "caso Báez" y otros conexos que nos han golpeado en estos últimos días han venido a confirmar que el grado de corrupción que padecen los argentinos es mucho más grave de lo que aún los más escépticos suponían. Ligada estrechamente al caso Báez, la conducta que ahora se imputa al ex presidente Kirchner excede todo lo que habíamos sospechado hasta ahora. Los testimonios que se han vertido en los últimos días, ¿podrían eximir de su responsabilidad a la propia Presidenta?
En estos momentos en que ella "va por todo" y en que este "todo" abarca a los jueces, porque el Congreso y el Poder Ejecutivo ya le están sometidos, ¿qué deberíamos preferir los argentinos?
Cabrían aquí dos juicios opuestos porque, o la justicia argentina ha sido demasiado lenta y esto hasta el colmo de ignorar la corrupción kirchnerista por diez años, pero si esto fuera simplemente así, ¿por qué se empeñan los representantes del ultrakirchnerismo en el Congreso en bombardear sin piedad a la Corte Suprema? En definitiva, ¿con quiénes piensan que está ella?
Si la Suprema Corte estuviera, en definitiva, con el kirchnerismo, la causa de la república democrática a la que adherimos estaría seriamente comprometida. La Corte actuó hasta ahora con extrema prudencia. La diputada Carrió se impacientó y en esto quizá tuvo razón cuando se siente "jugada" por la república. Lo que no debe hacer Lilita, empero, es precipitarse.
El hecho es que, en esta hora suprema, sólo cabe volver a la frase de Cicerón en horas igualmente dramáticas para la República Romana: "La salvación de la República es la suprema ley". Tanto en Roma hace dos milenios como en la Argentina de hoy. Tanto con Lorenzetti como con Carrió y con todos los que, desde el lugar en que estemos, pensamos como ellos. Un error imperdonable sería incurrir en alarmismo y precipitación. Otro, no menos grave, sería adormecerse en la indiferencia. Si dejamos que la suerte de la República caiga en otras manos, ¿a quiénes esas "otras manos" responderán? ¿A los que aún creen en ella o a los que por otras vías como la corrupción de los Báez y los Kirchner, aunque no lo reconozcan ni siquiera, quizás, lo sepan, han formado la peligrosa secta de los que hoy atentan contra ella?
He aquí el interrogante que ningún ciudadano de bien podría dejar sin respuesta en esta hora crucial.
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Además, la diputada nacional por la CC cuestionó al frente que lanzaron De la Sota, Lavagna y Moyano: "Son la vieja corporación corrupta", dijo
Metida de lleno en la carrera electoral para las legislativas de octubre , la diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió , cuestionó con dureza el avance de Cristina Kirchner sobre la Justicia , aunque rechazó el surgimiento del peronismo opositor como una alternativa de gobierno para 2015.
Según expresó Carrió en una entrevista con La Voz del Interior, "el Gobierno se está yendo del poder y va por todo". En ese sentido, la legisladora dijo que el kirchnerismo "se quedó sin apoyo" y "como sabe que se les termina el banquete, están tirando del mantel".
Además, insistió en que el país padece "una dictadura" y advirtió que la Argentina está "entrando en un proceso de fascismo, al que se entra por vía constitucional".
Las críticas de Carrió fueron más allá de la Casa Rosada. La diputada apuntó que si el ex ministro de economía Roberto Lavagna, el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota y el jefe de la CGT opositora, Hugo Moyano "son la opción" para derrotar al oficialismo "la Argentina va a volver a ser saqueada en 10 años".
Carrió, que acaba de sellar un acuerdo electoral con parte de Proyecto Sur, el socialismo y el GEN, calificó al peronismo disidente como "la vieja corporación política corrupta que fue socia del kirchnerismo".
"Ahora pretende convertirse en alternativa por oposición. Pero no es así: ellos son corruptos y forman parte del sistema que condujo a los Kirchner", indicó.
Por otra parte, la líder la Coalición Cívica habló de la reforma judicial y volvió a apuntar al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, luego de que la Justicia desestimara una denuncia que realizó Carrió sobre un supuesto pacto entre el titular del máximo tribunal y la Presidenta Cristina Fernández.
"Lorenzetti sigue negociando. Negoció en el principio y logró algo y ahora sigue negociando para ver qué parte de la ley van a declarar inconstitucional y cuál no. Yo no estoy en contra de las negociaciones, pero deben hacerse a la luz pública", concluyó, según consignó la agencia DyN..
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ANTE UN TERRORISMO SIMBÓLICO DE ESTADO
Joaquín Morales Solá . Diario La Nación
El país está flotando sobre una crisis institucional, latente y peligrosa. La desataron funcionarios cristinistas que acorralan a los jueces y al periodismo independiente. Un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es inminente. El Grupo Clarín podría ser intervenido en las próximas horas y parte del paquete accionario de Papel Prensa sería confiscado en pocas semanas. Es la expresión más cabal del terrorismo simbólico de un Estado cuyas autoridades nacieron democráticas.
La Argentina cristinista ya pertenece por derecho propio a un exótico club de países latinoamericanos (Venezuela, Ecuador y Nicaragua, sobre todo), que se propuso cambiar la cultura democrática, el sistema político y las reglas del juego con votos conseguidos con otras promesas.
Cuentan las pocas voces del oficialismo que hablan que fue Cristina Kirchner, no otro funcionario, quien ordenó cada una de las cosas que sucedieron en los últimos días. Algunos escribidores suyos, pocos, son los encargados de darles luego a esas órdenes un relativo contenido legal. La Presidenta está cada vez más aislada, perseguida por la conspiración supuesta de muchos fantasmas, con poco diálogo con sus propios funcionarios, acorralada por denuncias de corrupción y sitiada por una crisis económica que sus ineptos colaboradores no pueden resolver.
Ha decidido cambiar los jueces, los únicos que hasta ahora le han puesto ciertos límites, y cerrarle la boca al periodismo independiente, que exhibe el lado oscuro del cristinismo.
Ese lado en el que la Sierra Maestra de sus jóvenes naufraga entre euros mal habidos y el blanqueo de dólares evadidos o corruptos. Resolvió sobrevivir asestándole un golpe dosificado, pero constante, al Estado de Derecho.
La confiscación de acciones de Papel Prensa propuesta por los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti pasó, indudablemente, por la autorización presidencial. Es el final de un largo proceso en el que fracasaron todos los intentos anteriores del Gobierno para controlar la única fábrica argentina de papel para diarios, propiedad mayoritaria de los diarios LA NACION y Clarín.
Denuncias de delitos de lesa humanidad en el trámite de su compra inicial que eran meras calumnias. Ningún juez avaló esas denuncias y hasta los fiscales prokirchneristas se encontraron sin pruebas. Dos intervenciones judiciales que terminaron con los interventores enfrentados con Guillermo Moreno. Relevo de la conducción de la Comisión Nacional de Valores para ejercer una insoportable presión que también fue estéril. El propio Moreno le ofreció a LA NACION, en su momento, la compra de sus acciones para que el Estado se hiciera de la mayoría de la propiedad de la empresa papelera. Sin ningún respaldo legal, el cristinismo está a punto de controlar la producción nacional de papel para diarios y la importación de ese insumo básico del periodismo gráfico.
El Gobierno no pudo conseguir nada por vías más o menos legales para cumplir el viejo propósito de Moreno: Hay que bajarle el precio a Papel Prensa y luego hacerla nuestra, dijo poco después de la primera embestida contra la fábrica de papel, hace cuatro años. Es parecida a una frase más reciente de Kunkel: No queremos matar al diario LA NACION; lo queremos quebrado para comprarlo barato. Nadie puede negarles coherencia ni precisión en el ejercicio político de la maldad: están intentando ese proyecto con el cepo publicitario, con la confiscación de Papel Prensa y con la persecución impositiva.
En el caso del Grupo Clarín, el Gobierno aplicaría la nueva ley de reforma del mercado de capitales, que estableció que la Comisión Nacional de Valores, controlada por el kirchnerismo, podría designar por sí sola veedores en empresas que cotizan en Bolsa y, también, intervenir la administración de esas empresas (es decir, los directorios) por 180 días. Los veedores tienen la facultad de vetar las decisiones de la mayoría en nombre de la minoría de accionistas. En su reciente y circense irrupción en la asamblea de ese grupo periodístico, Moreno criticó al directorio por ineficiente, caro e improductivo. Fueron los argumentos de una posterior intervención.
Fuentes oficiales confirmaron que veedores e interventores están siendo preparados para desembarcar en Clarín. ¿Para qué lo harían? ¿Acaso sólo para meter la mano en la caja de la empresa? Improbable. Las primeras decisiones de esas eventuales intervenciones serían el desplazamiento de Jorge Lanata, cuyas investigaciones desquiciaron a la Presidenta, y el control kirchnerista de las redacciones del diario Clarín, de Canal 13, de TN y de Radio Mitre.
Cristina Kirchner no le teme ya a la segura reacción social que provocarán esas medidas ni a la casi unánime crítica internacional que recibirá. Es una persona que ha decidido ignorar los límites políticos e institucionales que objetivamente tiene. Lo haría, además, justo en el momento de mayor decadencia en las encuestas de opinión pública.
La última que recibió, de una conocida agencia de mediciones, indicó que tanto ella como Daniel Scioli cayeron verticalmente en la medición de simpatías en la provincia de Buenos Aires. Sólo Sergio Massa conservó sus buenos índices de popularidad e intención de votos, aunque Francisco de Narváez está ahora mejor que cualquier candidato de Cristina. Una derrota en la provincia de Buenos Aires hundiría definitivamente cualquier ilusión re-reeleccionista.
La enorme dosis de maldad tiene, en efecto, una innegable precisión. El Congreso acaba de sancionar la ley que establece la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Cristina Kirchner convocó a elecciones primarias abiertas para el 11 de agosto, pero no dijo nada de los consejeros. Ella debe promulgar la ley del Congreso, pero los jueces suponen que no lo hará. Esperará la promulgación automática, que se producirá el 22 de mayo. Entre ese día y el 12 de junio, cuando vencerá el plazo para que se inscriban alianzas, quedarán sólo catorce días hábiles para que la Justicia decida sobre la constitucionalidad de esa decisión.
El caso caerá en la justicia electoral. El radicalismo prepara presentaciones simultáneas ante 65 jueces federales de todo el país para pedir la inconstitucionalidad de la ley. Otras organizaciones civiles y profesionales harán lo mismo. Es probable que el Gobierno recurra a recusaciones masivas de magistrados para estirar los tiempos.
Será decisiva la gestión que cumplirá la jueza electoral María Servini de Cubría. Su primera sentencia será esencial para abrirle paso a la segunda instancia, la Cámara Nacional Electoral, o para habilitar el per saltum por parte de la Corte Suprema de Justicia. La declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley tiraría abajo el proyecto kirchnerista de someter a los jueces y derrotar al Poder Judicial.
La reciente designación de jueces subrogantes mostró las intenciones verdaderas del cristinismo. Hay juzgados vacantes en todo el país, pero sólo nombró suplentes en dos cámaras. En la Cámara Federal Civil y Comercial, que tenía el caso Clarín por la ley de medios, y en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que deberá revisar la investigación judicial sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báez, acusado de lavado de dinero. Uno de los designados fue abogado o colaborador estrecho del propio Báez. Defensor, socio y juez al mismo tiempo: el paraíso judicial.
Una embrionaria revolución se está produciendo, mientras tanto, contra la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, que cuestionó al fiscal Guillermo Marijuan el mismo día en que éste había recibido dos serias amenazas contra él y su familia. Ni una sola palabra de solidaridad. Gils Carbó fue injusta; acusó a Marijuan de no investigar el caso de Hernán Arbizu, un ex empleado del banco J. P. Morgan que denunció a varias empresas, a Clarín entre ellas, de evasión.
Al día siguiente, Marijuan le envió a Gils Carbó una voluminosa carpeta con todos los requerimientos que hizo en el caso Arbizu. La investigación se frenó cuando tropezó con la habitual reticencia norteamericana para transferir información judicial. Arbizu está prófugo de la justicia de los Estados Unidos por robo de dinero a los clientes del banco.
Lo cierto es que Marijuan debía apelar un fallo que sobreseyó a Gils Carbó por nombrar fiscales que no estaban debidamente designados. Lo amenazaron para que no apelara contra su jefa ese increíble sobreseimiento del flamante juez Sebastián Casanello. Todos los fiscales de instrucción le propusieron a Marijuan firmar juntos la apelación de una decisión que beneficiaba a su propia jefa. Fue el principio de un enorme motín de fiscales que frenó a tiempo el propio Marijuan.
Golpe tras golpe. Trampas sorpresivas. Aniquilamiento mediático, legislativo o administrativo de los adversarios. ¿Qué es todo eso si no la definición de un terrorismo simbólico de Estado?.